Rechazo sindical a la idea del Gobierno balear de rebajar las exigencias de catalán entre el personal docente
Las divergencias hoy existentes han obligado a la Consejería de Educación a crear un grupo de trabajo para intentar acercar posiciones
La Consejería de Educación del Gobierno balear se ha visto obligada a aparcar, de momento, su idea de eliminar uno de los requisitos lingüísticos de catalán que actualmente se exigen al personal docente no universitario, ya que dicha idea es rechazada hoy por la mayoría de sindicatos educativos y por los socios ecosoberanistas de la socialista Francina Armengol en el Govern.
El departamento que dirige el socialista Martí March ha presentado esta semana, en la Mesa Sectorial de Educación, su propuesta de actualización del decreto que regula la competencia lingüística en lengua catalana que han de tener los profesores de Primaria y de Secundaria de Baleares. La citada propuesta de actualización plantea la supresión del actual curso de capacitación lingüística —denominado FOLC—, que imparte la Universidad de las Islas Baleares (UIB). La oposición mayoritaria de los sindicatos y también de la formación política MÉS per Mallorca a esa supresión ha obligado a la Consejería de Educación a crear un grupo de trabajo para intentar acercar posiciones. Dicho grupo estará conformado por representantes del Govern, de la UIB y de los sindicatos.
La directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa del Govern, Amanda Fernández, ha recordado estos días que «la pasada legislatura hubo varias reuniones con las consejerías de Educación de Cataluña y de la Comunidad Valenciana sobre los requisitos. En Cataluña hace cinco años que ya no se pide el curso de capacitación, simplemente se tiene que acreditar el nivel C1 —intermedio— de catalán». A partir de ahí, la Comunidad Valenciana y Baleares decidieron iniciar el proceso para «igualar a las tres comunidades autónomas con lengua catalana a nivel de exigencia de requisitos».
Para Fernández, «también se ha hecho evidente la necesidad de resolver las anomalías que se dan con el sistema actual» en Baleares, como «la capacitación diferenciada para Primaria y Secundaria o la diferencia de exigencia para los interinos, que tienen que haber cursado el FOLC, mientras que los opositores sólo tienen que presentar el C1 de catalán». Para intentar superar las divergencias que existen ahora sobre la modificación del decreto que regula la competencia lingüística en lengua catalana del personal docente, «lo mejor es crear un grupo de trabajo, para decidir entre todos cómo se tiene que modificar este decreto, porque está claro que se tiene que revisar». Entre los sindicatos, STEI, UGT y Alternativa son partidarios de mantener las actuales exigencias de catalán, mientras que CC OO se ha mostrado más flexible en ese sentido.
Oposición de MÉS
Por su parte, los ecosoberanistas de MÉS han marcado distancias con el consejero de Educación ya en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses. Así, no sólo rechazan ahora que se intenten rebajar las exigencias de catalán entre los profesores de Primaria y de Secundaria, sino que también se opusieron recientemente al anteproyecto de la futura Ley de Educación de Baleares, presentado por March el pasado mes de noviembre.
Dicho anteproyecto prevé en su artículo 122 el uso del catalán y del castellano como «lenguas vehiculares» de la enseñanza en las Islas, si bien dicho artículo apostilla a continuación que ello se hará «garantizando» que se use la lengua catalana «en el marco normativo actual de la normalización lingüística». Ese marco normativo actual incluye la Ley de Normalización Lingüística de 1986 y el Decreto de Mínimos de 1997, que se aprobaron con Ejecutivos presididos por el PP y que priorizan el catalán en detrimento del castellano.
La posible apertura futura hacia una enseñanza realmente bilingüe en el Archipiélago, algo que rechaza MÉS, quedará tamizada en cualquier caso por la ley y el decreto citados. Cabe recordar, en ese sentido, que la Ley de Normalización Lingüística defiende el uso de la lengua catalana tanto en las instituciones como en los distintos ámbitos de la sociedad, mientras que el Decreto de Mínimos establece que la lengua vehicular en los colegios públicos y concertados será el catalán. Además, obliga a impartir en catalán al menos el 50% de las clases, sin que esté estipulado un máximo de horas lectivas en dicha lengua.
