El PSOE presenta su propia ley contra el proxenetismo tras el veto de Podemos a incluirla en la del ‘solo sí es sí’

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado este jueves en el registro de la Cámara Baja una proposición de ley contra el proxenetismo «en cualquiera de sus manifestaciones» y que plantea la posibilidad de castigar penalmente al cliente, dado que representa "la condición de posibilidad de que se produzca la prostitución". Lo hace al día siguiente de retirar una enmienda sobre la llamada ley del 'solo sí es sí' en las relaciones sexuales, pactada con el PP sobre la 'tercería locativa', con la que se pretendía castigar a los propietarios de inmuebles donde se practique la prostitución, a la que se oponían varios grupos minoritarios.

Antes de presentar la iniciativa parlamentaria, la número dos de los socialistas, Adriana Lastra , en una rueda de prensa convocada de urgencia en la sede de Ferraz, reafirmaba el compromiso de su partido de abolir la prostitución y arremetía en esta materia contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. «Se trata de decir si se está a favor o si se está en contra de la prostitución», ha afirmado Lastra, quien ha asegurado que el actual presidente del PP traiciona el compromiso del partido expresado en tiempos de Pablo Casado de postularse a favor de abolir la prostitución. Lastra culpa al PP de que no saliese este miércoles la enmienda, a la que se oponían grupos como el PNV o Ciudadanos. «Ayer Feijóo cambió esa postura y volvió a dar la espalda a las mujeres», ha concluido Lastra.

La vicesecretaria general del PSOE ha llegado a decir sobre la actitud del Grupo Popular que su voto «tiene algo de degradación moral». En otro momento de su intervención, aludiendo a las posiciones del resto de grupos, Lastra ha hablado de «vetos cruzados» y, enfatizando en todo momento el compromiso abolicionista de su formación, ha dicho que ese camino «necesita de un compromiso social y político amplio. Creemos por ello que es una medida que debe contar con el mayor apoyo posible entre los grupos parlamentarios» y ha añadido que «España no puede seguir mirando hacia otro lado ante esta grave vulneración de los derechos humanos, y las y los socialistas vamos a seguir con esta propuesta, abriendo el camino que nos lleve a la abolición de la prostitución. En una democracia, luchar contra la peor forma de explotación no puede ser algo secundario. Para el PSOE no lo es, y si tenemos que luchar solas, no será la primera vez», ha remarcado.

En todo momento, Lastra ha dejado claro que la intención de su grupo con la iniciativa registrada este mismo jueves es que el resto de partidos se pronuncien claramente al respecto del proxenetismo, lo que incluye, ha dejado claro, a su socio de coalición, Unidas Podemos . «Yo les invito a que miren el voto de Unidas Podemos en la proposición no de ley de febrero de 2019 [una iniciativa simular del grupo socialista, cuando gobernaba aún en solitario] donde su grupo parlamentario se fracturó, a la hora de votar. Algunas diputadas votaron a favor y otras en contra. La posición actual de Unidas Podemos no la conozco, lo que sí conozco es que no quisieron apoyar nuestra enmienda de abolición de la prostitución y de persecución del proxenetismo, eso sí que lo sé. Pero ahora los grupos parlamentarios no tendrán excusas » ha explicado, refiriéndose a que algunos objetaban que la enmienda de marras se había introducido dentro de ley del 'sí es sí', ajena en principio a la cuestión específica de la prostitución.

La proposición de ley de los socialistas, en cuya exposición de motivos se lamenta que el proxenetismo no tenga aún "suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico", plantea una modificación del artículo 187 del Código Penal para castigar con penas de cárcel de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses a quienes incurran en esta práctica. Aunque sea con el consentimiento de la persona que intercambia sexo por dinero. La horquilla alta de esas penas se aplicaría, de salir adelante esta reforma legal, en los casos donde en el ejercicio de la prostitución medie algún acto de "violencia, intimidación o engaño" lo que incluirá el abuso de "una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima". Quienes incurran en la práctica del proxenetismo siendo autoridad, agente de la misma o funcionario público recibirían, además, una pena de inhabiltación total de entre seis y doce años.

A ese artículo 187 se le añadiría un artículo bis que pena con entre dos y cuatro años de prision a quienes "con ánimo de lucro, y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento". Además, en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o tuviese una situación de vulnerabilidad, la pena a su proxeneta sería de entre uno y tres años de prisión y una multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses.