El PSOE busca una legalización exprés de la eutanasia sin debate público
Al tramitarlo como proposición de ley no será obligatorio contar con la opinión del Consejo de Estado o el Comité de Bioética
El Congreso inicia hoy la tramitación parlamentaria para legalizar la eutanasia en España . Si sale adelante, nuestro país se sumará al reducido grupo de naciones donde esta práctica se considera un derecho. Poner fin a la vida cuando se tenga un sufrimiento físico o psíquico intolerable se convertirá en una prestación del Sistema Nacional de Salud financiada con dinero público, como si fuera un tratamiento médico más.
La iniciativa llega al Congreso a propuesta del Grupo Socialista y tras dos intentos fallidos en menos de dos años -el último, por el adelanto electoral- y con una fórmula, la proposición de ley, que sortea el debate de los órganos consultivos del Estado . La tramitación como proposición de ley hace innecesarios, por ejemplo, los informes preceptivos del Consejo de Estado, de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia o del Consejo General del Poder Judicial, pese a que será necesario cambiar el Código Penal para su aprobación.
Pero la futura ley cuenta con mayoría suficiente en el Congreso . Solo el PP y Vox, que suman 140 de los 350 diputados del Congreso, se han posicionado en contra de la nueva norma. Los demás, con casi toda seguridad, votarán a favor de la regulación. Con este respaldo, el Grupo Socialista ha optado por la vía exprés, con una fórmula jurídicamente aceptable aunque estéticamente reprochable.
Si se hubiera tramitado como un anteproyecto de ley, su redacción habría estado precedida de estudios y de una consulta pública para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. Y al afectar a los derechos e intereses de las personas debería haberse dado también audiencia a los ciudadanos.
«El PSOE ha metido la eutanasia por la puerta de atrás», apunta José Ignacio Echániz, ponente del PP en la comisión de la ley de eutanasia
Tampoco se ha considerado necesario solicitar al Comité de Bioética una posición formal sobre un tema tan delicado como la eutanasia y el derecho a la vida. Este comité no es un organismo consultivo más, es el órgano independiente al que los gobiernos españoles recurren en busca de asesoramiento sobre las materias biomédicas más delicadas, las que tienen implicaciones éticas y sociales. Si hay un tema que encaja con esta definición, ese es la eutanasia.
«En lugar de someterlo a un debate reflexivo, inteligente y sosegado, el PSOE ha metido la eutanasia por la puerta de atrás con toda la intencionalidad», asegura José Ignacio Echániz, ponente del Grupo Popular en la comisión de la ley de eutanasia. Echániz va más allá. «Es evidente» que han eludido la fórmula del proyecto de ley «para no tener que aportar toda la documentación preceptiva exigida por ser un tema de dudosa constitucionalidad», advierte. En su opinión, considera que colisiona con el derecho a la vida y la integridad física y moral, los principios de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, así como el valor de la libertad ideológica y religiosa.
Echániz recuerda cómo su propio partido, cuando tenía mayoría absoluta, planteó como un anteproyecto de ley la reforma de la ley del aborto impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La reforma pasó por todos los órganos consultivos . «Son temas importantes y delicados. No se puede legislar rompiendo todos los puentes», insiste.
El PSOE tiene urgencia por legalizar la eutanasia y cumplir con el compromiso electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No es casual que la eutanasia sea la primera ley que empieza a tramitarse en esta legislatura. Es un gesto que demuestra la urgencia del nuevo Gobierno y su implicación para acelerar la legalización de la práctica en España.
Veto autonómico
El texto presentado por el PSOE apenas se diferencia de la propuesta de Unidas Podemos. Será el propio enfermo quien deba solicitar la eutanasia a su médico . Él deberá comprobar que el paciente es mayor de edad, está «en plena capacidad de obrar y decidir» y solicita acabar con su vida «de forma autónoma, consciente e informada».
Después el médico será quien informe del proceso a seguir. Aunque no bastará con la decisión del enfermo y el consentimiento del facultativo. Se contará con un segundo filtro. Si se estima que el caso cumple la ley, deberá consultarse con otro médico ajeno a su equipo. La solicitud también se enviará a una comisión de seguimiento nombrada por las comunidades autónomas, al ser ellas quienes poseen las competencias sanitarias. Lo que significa que podrían bloquear el trámite. Todo el proceso no podrá prolongarse durante más de 32 días , según la proposición de ley.
La propuesta del Grupo Socialista prevé también la objeción médica, como ocurre con el aborto. No existe una posición clara de la profesión . Pese a que los médicos de cuatro colegios médicos -Vizcaya, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Tarragona- se han manifestado en un 90% a favor de regular la eutanasia, desde el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), el órgano que acoge a todos los colegios de España, se defiende que «el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste», tal y como reza su código deontológico.
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