Los profesores de Religión critican la tramitación de la ley Celaá «con nocturnidad y alevosía» en plena crisis sanitaria
Denuncian «la política de hechos consumados» que lleva adelante el Ministerio de Educación «sin importarle la reflexión de todos los sectores educativos»
La Coordinadora Estatal de Plataformas de Religión ha criticado este martes "la inminente posibilidad de aprobación" de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) con "nocturnidad y alevosía en pleno estado de emergencia sanitaria".
En un comunicado, esta coordinadora que agrupa a los profesores de Religión de la escuela pública, denuncia "la política de hechos consumados" que lleva adelante el Ministerio de Educación "sin importarle la reflexión de todos los sectores educativos, ya que parte de una postura inamovible e inflexible que no busca el consenso".
"Llevamos estudiando esta ley desde que era anteproyecto, hemos solicitado hasta en 11 ocasiones que nos recibieran para mantener un diálogo y dar a conocer nuestra postura, en una “posible” reunión que aún no se ha hecho efectiva", critica esta organización docente.
Los profesores de Religión reinvindican que el Estado "debe garantizar el artículo 27.3 de la Constitución en nuestro sistema educativo, respetando la libertad de elección que tienen las familias para elegir el tipo de educación moral y religiosa de sus hijos". De otra manera, añaden, "estaríamos viviendo en un estado totalitario y autoritario que busca usurpar el derecho de estas".
La organización también manifiesta su preocupación porque el nuevo cambio legislativo en materia de educación va en detrimento de "ciertos derechos laborales básicos del profesorado de religión y en los de las familias que eligen voluntariamente esta asignatura para sus hijos". "Es muy grave, pues, que tanto las autoridades políticas como religiosas, no sean conscientes de que este desencuentro trascienda al ámbito laboral, educativo y, lo que es peor, vulnere directamente el ámbito de las libertades fundamentales recogidas en nuestro marco legal", advierten la coordiandora, que además reclaman un "pacto educativo" que respete a las familias y garantice la libertad de elección de las mismas.
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