PP y Cs advierten al Gobierno del peligro de politizar la universidad
Ven una «cesión» a los independentistas dar a las autonomías el control universitario
La propuesta del Gobierno para acceder a una cátedra por la vía laboral, al margen de la funcionarial, en la universidad ha sido cuestionada por los dos principales partidos de la oposición ( PP y Ciudadanos ), no tanto por el tipo de contrato, como por la manera de seleccionar al personal. Su principal preocupación es la posibilidad de «politizar» la universidad , ya que las autonomías podrían determinar tanto las plazas a convocar como los tribunales de evaluación del profesorado.
El documento que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades entregó en una de las mesas de trabajo constituidas con el sector abre la puerta al acceso a la función de catedrático por la vía laboral. Esta modalidad supone que se puede ingresar en esta categoría profesional a través de un concurso, y no de una oposición como se hace en la vía funcionarial , bajo el control de los gobiernos autonómicos. Los ejecutivos regionales determinarían los requisitos e incluso tienen un representante en los tribunales que evalúan a los aspirantes.
Esta vía de acceso ya está implantada en Cataluña y los profesores han denunciado que lo que pretende la Generalitat es «crear sus propios docentes universitarios, con un modelo diferente al estatal, para poder controlarlo ». En la práctica, supone la ruptura de los cuerpos nacionales del profesorado, ya que aunque se mantiene la vía funcionarial, el peligro está latente.
Mérito y capacidad
El Partido Popular entiende que lo deseable en la negociación del estatuto de los PDI es que «se haga por consenso», según señaló a ABC Sandra Moneo , portavoz de Educación de los populares. A su juicio, la propuesta que ha presentando el Gobierno «da carta de naturaleza a lo que ya están haciendo las universidades catalanas». En este sentido, insiste en que « abre la puerta a la ruptura de los cuerpos nacionales al dar cobertura legal a una norma» del ejecutivo catalán. Moneo considera que esta iniciativa es «un paso más en la cesión a los independentistas catalanes , utilizando la universidad».
La diputada popular espera que, si finalmente se implanta este modelo, «aquel que acceda a la universidad lo haga en un clima de excelencia e igualdad de oportunidades» . Para ello, apuesta porque los requisitos para el acceso se basen en «normas de ámbito estatal, respetando las competencias de las comunidades autónomas».
Desde Ciudadanos se asegura que la propuesta de estatuto del Ministerio plantea un triple problema. En primer lugar, la portavoz de Educación de esta formación política, Marta Martín , señala que «no se garantiza que las plazas que saquen respondan a las necesidades docentes e investigadoras de la universidad, en su conjunto». El segundo problema se refiere a que tampoco están garantizados «los criterios de mérito y capacidad , con iguales condiciones y criterios objetivos». Finalmente, señala que «no se establece quién va a determinar tanto las plazas como los tribunales, con lo cual el riesgo de politización es alto».
Niega el consenso
Martín reclama que esta propuesta se negocie desde el acuerdo y afirma que, «en la línea con lo que hace el PSOE en el tema educativo, niegan el consenso y siguen pensando que la educación es suya» . La diputada de Ciudadanos advierte de que «el problema no es el tipo de contrato, sino la modalidad en la selección de personal».
Todas las comunidades autónomas no han estado presentes en esta mesa de trabajo , ya que solo han sido dos las que habían sido asignadas. El resto deberían ser informadas por las presentes.
Castilla y León no critica la fórmula de contratación, al afirmar fuentes del Gobierno regional que «la tramitación burocrática impide la flexibilización de la contratación de los PDI». Sin embargo, sí que advierten de que hay que extremar «el control en la contratación» para que «prime la excelencia y los méritos académicos».
En el caso de la Comunidad de Madrid se muestran más críticos con las propuesta del Gobierno socialista. Así, fuentes del Ejecutivo regional aseguran que «nosotros creemos en la autonomía universitaria y en lo importante que es mantener alejada la universidad de la política partidista». A su juicio, «la descentralización en materia de personal tiene riesgos que el Gobierno debería valorar junto con las Comunidades autónomas y con las propias universidades». Finalmente, recuerdan su Programa Echegaray que «dará un sello de calidad a aquellas universidades que cumplan requisitos de excelencia educativa».
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