El PP lleva al Congreso el debate sobre la libertad del uso del castellano en toda España
Los populares presentan una Proposición no de Ley y reclama que se «rompan los cinturones rojos» de imposición de las lenguas
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley relativa a garantizar el uso del castellano en términos de igualdad y libertad en el conjunto del Estado español en el Congreso para instar al Gobierno a que promueva una legislación básica que garantice el derecho constitucional del uso del castellano en toda España. Además, pide garantizar la libertad real e igualdad de condiciones de la utilización del castellano en las comunidades con lengua cooficial de acuerdo con sus estatutos de autonomía.
Igualmente, quieren que se garantice el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las lenguas cooficiales ante cualquier administración en las comunidades con lengua cooficial, con plena eficacia jurídica.
Los populares también quieren garantiza, en la reforma educativa, el derecho a la enseñanza en el castellano y en castellano en toda España, en el marco de un bilingüismo o bilingüismo integrador.
Finalmente, piden adoptar cuantas medidas sean necesarias para eliminar toda imposición de una lengua como fuente de discriminación en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos con independencia del lugar en que éstos residan.
«Impasible»
Los populares aseguran que el Estado de Derecho no puede permanecer «impasible» ante la vulneración de los derechos lingüístios de los ciudadanos en cualquiera de los ámbitos en los que se produzca».
A su juicio, es «inadmisible que los ciudadanos vean defraudados sus derechos, obligados a acudir a los tribunlaes de justicia frente a administraciones, que hacen un uso partidario de las lenguas para abanderar postulados ideológicos de segregación, exclusión y enfrentamiento».
El Grupo Parlamentario Popular advierte de que las sentencias y las leyes son «de obligado cumplimiento por todos y que las administraciones públicas tienen la obligación de asegurar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en su ámbitos competenciales, en este caso, siguiendo el mandato constitucional que reconoce el derecho del uso del castellano y que tendría que estar presente en todos los ámbitos de las administraciones públicas.
Finalmente, el PP considera que hay que llevar a cabo políticas que «rompan los cinturones rojos de imposición de las lenguas, que promuevan la libertad, la igualdad y la convivencia y que no den tregua a quienes hipoptecan nuestros derechos a cambio de rédito electoral y de mantenerse en el Gobierno a cuaqluier precio».
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