Policía y Fiscalía, molestas con el Gobierno balear por cuestionar su implicación contra la explotación sexual infantil
La consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, de MÉS, ha matizado la valoración crítica hecha en su comparecencia parlamentaria del martes
Los sindicatos policiales SUP, CEP, SPP y UFP han emitido este miércoles un comunicado conjunto en el que expresan su malestar por algunas afirmaciones hechas ayer por la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno balear, Fina Santiago , de MÉS, durante su comparecencia en el Parlamento regional para hablar sobre las distintas actuaciones realizadas por su departamento en los últimos cinco años en los centros de protección de menores que dependen del Govern. En un momento de su intervención , que duró casi cuatro horas, Santiago cuestionó la implicación de la Policía Nacional y de la Fiscalía en la lucha contra la explotación sexual infantil.
La consejera dijo, en concreto, que perseguir los delitos es responsabilidad de «las Fuerzas de Seguridad», no del Govern. A continuación, afirmó que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil ni la Fiscalía de Menores se habrían comprometido a llevar a cabo actuaciones contra la explotación sexual infantil después de los encuentros regulares que mantuvieron en los últimos años con el Govern y los consells insulares para intentar buscar soluciones a esa lacra. « La Fiscalía, de momento, no se ha implicado en resolver estos casos», señaló el martes Santiago, quien en otros instantes de su comparecencia sí tuvo palabras de reconocimiento para la Policía, la Guardia Civil y la Fiscalía.
Por su parte, los cuatro sindicatos policiales citados han recalcado en su comunicado que « la Policía Nacional atiende todas sus obligaciones de forma abnegada ». Asimismo, han recordado que las competencias y las funciones de la Policía en las actuaciones que afectan a menores «están debidamente delimitadas», en el sentido de que son las instituciones las que se deben ocupar de tutelar a los menores que están bajo su custodia . «Dignifique su profesión, en la que tantos años lleva, y no lance balones fuera, nosotros lo hemos recogido y se lo devolvemos, le preguntamos: ¿Asumirá usted su responsabilidad, dimitirá?», concluye el comunicado, dirigiéndose a la consejera.
Valoraciones generales
Paralelamente, la Delegación del Gobierno en Baleares ha emitido una nota en la que ha señalado que «la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la localización de menores en los centros de tutela y de internamiento es absoluta». En esa misma línea, la Delegación del Gobierno ha recalcado, en relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que «su dedicación y compromiso son máximos». La nota también destaca que «se investigan todas las denuncias que interponen las instituciones y se da prioridad a la localización de los menores de edad».
La Fiscalía también se ha sentido molesta por las palabras de Santiago, si bien el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha evitado polemizar con la responsable autonómica de Asuntos Sociales. En declaraciones al canal autonómico IB3, Barceló ha afirmado que «todos» los presuntos casos de explotación sexual infantil detectados se han investigado «de una forma seria» . Algunos de esos casos han acabado en procesos judiciales y otros se han archivado por falta de pruebas. «Se ha llegado hasta donde se ha podido llegar», ha indicado. En ese contexto, la consejera ha matizado este miércoles sus palabras del día anterior, pues ha reconocido que la Fiscalía cumple el protocolo fijado para luchar contra la explotación sexual infantil en las fases previas. Aun así, ha mantenido que la Fiscalía no se implicaría luego en el seguimiento de los casos.
En el marco de esta polémica entre la Policía y la Fiscalía por una parte, y la consejera de Asuntos Sociales por otra, se ha pronunciado también este miércoles el responsable de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor (ODDM) del Govern entre 2015 y 2016, Joan Marc Tur. Según ha recogido el programa radiofónico «Al día», de IB3, Tur ha dicho que «hace años que el jefe de la Fiscalía de Menores no va a las reuniones de coordinación para informar de toda esta problemática, así que tiene parte de responsabilidad. Yo he ido infinidad de veces a poner denuncias por fugas y los policías se ríen de ti. No le dan importancia». Cabe recordar que Tur fue destituido como responsable de la ODDM en noviembre de 2016, siendo sustituido por Serafín Carballo.
Controversia política
Santiago compareció el martes ante la Diputación Permanente de la Cámara regional después de haberlo solicitado el PP, tras la controversia generada estos días por la presunta inacción institucional que habría existido en las dos últimas legislaturas en el Consell de Mallorca y en el Govern en relación a los casos de abusos y de explotación sexual infantil detectados en el último lustro en Mallorca. Dichos casos sólo se han hecho públicos ahora, a lo largo de este mes de enero.
La consejera habló durante su comparecencia sólo de la gestión llevada a cabo en los centros de internamiento, que son los que dependen en exclusiva del Ejecutivo regional. Así, explicó que desde la pasada legislatura, en la que ya era consejera de Asuntos Sociales, se ha contratado a nuevo personal y ha habido mejoras en las instalaciones. Además, confirmó que desde 2016 su departamento ha despedido a cinco trabajadores —cuatro mujeres y un hombre— de los centros que gestiona por «conductas sexuales inadecuadas» con menores. Asimismo, afirmó que el Govern que preside la socialista Francina Armengol habría actuado siempre con la «máxima diligencia» ante situaciones de ese tipo. Cabe recordar que el Ejecutivo regional ha estado presidido en los dos últimos mandatos, el pasado y el actual, por Armengol.
« No tenemos garantías de que no pueda volver a pasar , lo que tenemos es la estructura para que si pasa de nuevo, se detecte, y cuando se detecte se actúe con contundencia, como ha hecho este Govern a través de esta Consejería», recalcó Santiago el martes en relación a dichos casos. Por su parte, la oposición criticó con suma dureza a Santiago, al considerar que el Gobierno balear no ha hecho autocrítica y que no se habría actuado con prontitud cuando era preciso. Por todo ello, los diputados Marga Durán (PP), Maxo Benalal (Cs) y Sergio Rodríguez (Vox) exigieron la dimisión inmediata de la consejera, mientras que el portavoz de Proposta per les Illes (PI), Jaume Font, pidió también dimisiones, pero sin centrarlas por ahora en Santiago.
La responsable de Asuntos Sociales replicó que no veía necesaria ninguna dimisión. Al mismo tiempo, reprochó al PP que no había hecho «nada» en materia de protección de menores en la legislatura 2011-2015, cuando los populares gobernaron en el Ejecutivo regional y en el Consell de Mallorca. Por lo que respecta a los partidos que forman parte del actual tripartito, las diputadas Silvia Cano (PSOE), Cristina Mayor (Unidas Podemos) y Joana Aina Campomar (MÉS) señalaron que para resolver la problemática que afecta a los menores, el foco tendría que dirigirse prioritariamente hacia los presuntos abusadores , no sobre las víctimas, para no hacerlas doblemente vulnerables.
Investigación policial
Cabe recordar que un centro de internamiento es distinto a un centro de acogida o tutelado, tanto por lo que respecta a sus funciones como por lo que afecta a su gestión. Los centros de internamiento son de régimen cerrado para menores con antecedentes. Los tres que existen en Mallorca son gestionados, como se ha indicado, por el Gobierno balear, así como también dos pisos de medidas de convivencia creados en la pasada legislatura. En cuanto a los centros de acogida o tutelados, su régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes. En Mallorca hay 30 centros tutelados, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Dicho organismo ha reconocido 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca. En 15 de ellos, las víctimas son niñas.
La actual polémica en torno a los centros de protección de menores de Mallorca se inició tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. El informe de la doctora que atendió a la niña horas después de la violación señaló que sus lesiones eran compatibles con una agresión sexual múltiple. Se activó entonces el protocolo previsto, por lo que el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que inició la investigación.
En la denuncia presentada por la propia víctima el día de Navidad, dicha niña habría dejado entrever que horas antes de la agresión sexual múltiple que sufrió en Es Camp Redó, un grupo de adultos con que se topó en la barriada de Son Gotleu habría intentado prostituirla . En su denuncia, la menor habría hecho también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros tutelados que cuando salen por unas horas de dichos centros se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.
En relación a este caso, la Policía Nacional detuvo a siete menores y a un joven mayor de edad como sospechosos de haber participado de forma directa o indirecta en la violación de la niña, de nacionalidad española. Los presuntos agresores se habrían turnado para violar a la víctima, si bien habrían alegado ante la Policía que se habría tratado de relaciones sexuales consentidas. Todos los sospechosos, también españoles , fueron puestos en lib ertad sin medidas cautelares. Aun así, está previsto que los siete menores arrestados inicialmente —seis chicos y una amiga de la niña— pasen a lo largo de esta semana a disposición de la Fiscalía de Menores. Hasta ahora, cuatro de ellos ya lo han hecho, entre el lunes y el miércoles. Los cuatro se han acogido a su derecho a no declarar, si bien han ratificado lo que ya dijeron a la Policía en su momento.
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