La OCU pide a los estados miembros que se adhieran a la asequibilidad de las pruebas del coronavirus
Alertan de la discriminación que creará el 'certificado covid' entre los ciudadanos que han tenido acceso a una vacuna gratuita y los que no han tenido esa oportunidad
Cuándo entra en vigor el pasaporte Covid y quién puede pedirlo
El pasado jueves 20 de mayo, el Parlamento Europeo y el Consejo, conformado por los estados miembros, llegaron a un acuerdo para la creación del certificado sanitario europeo, comúnmente llamado 'pasaporte covid' o 'certificado covid'. Este documento facilitará los viajes dentro de la Unión Europea. Tras su aprobación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pide a los negociadores de la UE que aclaren los detalles de dicho acuerdo.
La OCU considera que «se han incluido algunas mejoras en la asequibilidad de las pruebas y la limitación de la capacidad de los Estados miembro para imponer requisitos adicionales» pero «lamenta que no se haya mantenido la gratuidad de las pruebas y advierte contra la falta de compromisos vinculantes».
Este Certificado Covid Digital de la UE entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio , aunque primero tendrá que ser validado por los 27 miembros y el pleno del Parlamento Europeo.
Según la OCU el Parlamento Europeo ha luchado para tener en cuenta las preocupaciones de los consumidores e incluirlas en el acuerdo. Sin embargo, desde la organización creen que los primeros informes del compromiso de ayer «muestran algunas mejoras para convertir el nuevo certificado en una herramienta para facilitar la libre circulación durante el verano».
Precios elevados
Por este motivo la OCU lamenta que no se haya llegado a un acuerdo sobre la gratuidad de las pruebas del coronavirus . «Los precios actuales de las pruebas de PCR hacen que un viaje familiar por Europa sea inasequible y crea discriminación entre los ciudadanos que han tenido acceso a una vacuna gratuita y los que no han tenido esa oportunidad», denuncian. Añaden que la libre autonomía requerida por los estados miembros sobre el coste de las pruebas, hace que dependa de ellos «garantizar el acceso a pruebas asequibles para todos los ciudadanos».
Entre los puntos que la organización considera que se deben aclarar, se encuentran la confusión relacionada con la validez de las pruebas de antígenos y las pruebas rápidas. «Por lo general, son más baratas que las pruebas PCR y, por lo tanto, serían importantes para garantizar una verdadera libre circulación», alegan.
Otro de los supuestos que según la OCU no está claro es lo que ocurrirá con los menores . «No queda resulta la duda de si necesitarán también el certificado para viajar y si es así a partir de qué edad. Esto tendría un impacto económico significativo , especialmente en las familias con niños», advierten.
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