El Parlamento balear insta a los consells a personarse en los casos judiciales sobre explotación a menores tutelados
La moción presentada por el PP en la Cámara regional constaba de varios puntos, pero la mayoría de propuestas fueron rechazadas por el PSOE, MÉS y Unidas Podemos
El Parlamento balear aprobó este martes instar a los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a «personarse en los casos judiciales abiertos que impliquen explotación sexual a menores tutelados». Dicha propuesta formaba parte de la moción presentada en el pleno por la diputada popular Marga Durán relativa a la «política general llevada a cabo por lo que se refiere a los mecanismos de control de los menores en los centros de menores gestionados por el Govern». De los nueve puntos de que constaba dicha moción, sólo fue aprobado el ya citado, mientras que los ocho restantes fueron rechazados por la mayoría de la Cámara.
Cabe recordar que en Baleares los centros de atención a menores son gestionados por dos instituciones distintas. Así, los centros de acogida o tutelados, todos de régimen abierto, son gestionados exclusivamente por los consells , mientras que los centros de internamiento, para jóvenes con antecedentes penales, son controlados por el Gobierno regional. En el caso de los consells, el que cuenta con más centros de acogida es el Consell de Mallorca, con 30 en total, que dependen del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Ha sido precisamente sobre dicho organismo sobre el que se han vertido recientemente numerosas críticas, por la posible inacción del actual tripartito hoy gobernante en el Consell de Mallorca para detectar y hacer frente a los casos de explotación sexual de menores tutelados que han trascendido en los últimos meses.
El origen de la actual controversia política y social cabe situarlo en enero, cuando trascendió el caso de una niña de 13 años que se escapó de su centro de acogida en Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. Tras hacerse pública esa agresión sexual múltiple , el Consell de Mallorca confirmó poco después la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas. Paralelamente, el Gobierno balear dio a conocer que desde 2016 había despedido a cinco trabajadores de sus centros de internamiento por «conductas sexuales inadecuadas» con menores.
Posiciones contrapuestas
En cualquier caso, la crisis política abierta en el Consell de Mallorca por los casos de explotación sexual de menores tutelados ha acabado por afectar también al Gobierno balear. Así, desde la oposición se acusa de manera reiterada a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol , y a la consejera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, de MÉS, de intentar «tapar» los casos de abusos y de explotación sexual infantil recientemente conocidos, acusación que Armengol y Santiago rechazan. En ese contexto es en el que fue presentada este martes la mencionada moción del PP en el Parlamento regional.
El único punto de dicha moción que fue aprobado, el ya citado que instaba a los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a «personarse en los casos judiciales abiertos que impliquen explotación sexual a menores tutelados», contó con los votos a favor de la oposición —el PP, Cs, el PI y Vox— y de las tres formaciones que forman parte del Ejecutivo de Armengol —el PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca—. Por su parte, los dos grupos que dan un apoyo parlamentario externo a Armengol, MÉS per Menorca y Gent per Formentera , se abstuvieron.
Como se ha indicado ya, los ocho puntos restantes de la moción del PP fueron rechazados , ya que no contaron con el aval de los partidos que directa o indirectamente apoyan a la presidenta del Govern. Entre esos puntos que no pudieron salir adelante cabe citar el que instaba al Consell de Mallorca a crear una comisión de investigación y también el que pedía a Armengol que destituyera a Santiago. Otro punto que fue igualmente rechazado fue el que exigía al Govern que facilitase en un plazo máximo de 10 días toda la documentación solicitada por el PP sobre las reuniones mantenidas entre la Consejería de Asuntos Sociales y el IMAS en los últimos tres años.
Comisión de expertos
Cabe recordar que una de las peticiones más reiteradas por parte de la oposición en estas últimas semanas ha sido la de la creación de una comisión de investigación. Así, los portavoces del PP, Cs y el PI en el Consell de Mallorca presentaron en el pleno celebrado el pasado 13 de febrero en la institución insular una moción conjunta en la que pedían la creación de una comisión de investigación sobre los menores tutelados víctimas de explotación sexual o de abusos . Dicha propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno tripartito insular, que preside la socialista Catalina Cladera. Con posterioridad, el pasado 18 de febrero, el PSOE, Unidas Podemos y MÉS votaron también en contra de sendas propuestas de Cs y de Vox en el Parlamento regional en favor de una comisión parlamentaria de investigación.
Finalmente, sólo se ha puesto en marcha una comisión de expertos en el Consell de Mallorca, impulsada por el tripartito que gobierna en la institución insular. Precisamente, el Consejo Ejecutivo extraordinario del Consell de Mallorca celebrado este martes aprobó el nombramiento de la profesora de Victimología Noemí Pereda como coordinadora de dicha comisión, que evaluará los casos de explotación sexual de menores tutelados . Pereda es doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona y se ha especializado en victimología del desarrollo, destacando por su trabajo en el ámbito del maltrato y el abuso sexual infantil.
Los siete integrantes de la comisión de expertos —Pereda y seis vocales— deberán presentar un informe con sus conclusiones y sus propuestas de mejora en un plazo máximo de tres meses. En el marco de esta nueva comisión está previsto que comparezcan, además, los últimos cuatro presidentes del IMAS, en concreto, el socialista Jaume Garau, la popular Catalina Cirer, la ecosoberanista Margalida Puigserver y el socialista Javier de Juan.
