El Papa ordena al Tribunal del Vaticano juzgar a los cardenales y obispos igual que a los laicos
Suprime el trato especial para aplicar la igualdad establecida por el Concilio Vaticano II
El Tribunal del Vaticano, competente en materia de delitos, juzgará a partir de ahora a los cardenales y obispos con el mismo procedimiento que los laicos en virtud de una reforma legislativa firmada este jueves por el Papa Francisco para establecer la igualdad entre fieles establecida por el Concilio Vaticano II.
El Estado del Vaticano cuenta con un Tribunal de primer grado , cada vez más activo, que juzga la gran mayoría de los delitos cometidos en el pequeño territorio como las filtraciones de documentos, malversaciones de fondos, abuso de menores, etc. A este se añaden un Tribunal de Apelación, para quienes quieran presentar recurso, y un Tribunal Supremo.
Hasta ahora, los cardenales y obispos no eran juzgados por el Tribunal de primer grado , formado por fiscales y jueces laicos de nacionalidad italiana -aunque podrían ser de cualquier otra- sino por el Tribunal Supremo, constituido por tres cardenales y presidido por uno de ellos, en estos momentos el francés Dominique Mamberti.
El principio mantenido a lo largo de siglos era que los cardenales son colaboradores directos del Papa y solo pueden ser juzgados «por sus pares» o por el Sumo Pontífice.
La norma aprobada por Francisco cita artículos de dos grandes constituciones del Concilio Vaticano II -'Lumen Gentium' y 'Gaudium et Spes'- que establecen la «igualdad fundamental» entre todos los fieles pero que todavía no había llegado al terreno procesal.
Se mantiene, en cambio, la exigencia del permiso previo del Papa para juzgar a cardenales y obispos, que no se requiere en cambio para los laicos. Es un principio vigente en algunos países, donde enjuiciar a un ministro requiere una autorización especial, ya sea del jefe del Estado, el gobierno o el parlamento.
La nueva reforma legal dinamiza todavía más el funcionamiento del Tribunal del Vaticano, que sigue escaso de personal y, por lo tanto, resulta lento.
El mayor caso en fase instructora es la malversación de fondos reservados de la Secretaría de Estado en la época en que los supervisaba el ex cardenal Ángelo Becciu, cesado como prefecto de los Santos y privado de los derechos cardenalicios por el Papa el pasado 24 de septiembre.
El delito fue descubierto en un registro efectuado en las oficinas el uno de octubre de 2019 por la Gendarmería Vaticana, y llevó al cese inmediato de cinco funcionarios de nivel intermedio. Desde entonces, los fiscales del Vaticano siguen instruyendo la causa pero, al cabo de año y medio, todavía no han pedido el envío a juicio.
