La oposición pide de nuevo que el Consell de Mallorca cree una comisión de investigación sobre los menores tutelados
El PP, Cs, el PI y Vox consideran insuficiente que sólo haya una comisión de expertos para analizar los casos de abusos y explotación sexual detectados
Los partidos de la oposición en el Consell de Mallorca —PP, Cs, PI y Vox— han solicitado este miércoles de forma conjunta la celebración de un pleno extraordinario, en el que pedirán de nuevo la creación de una comisión de investigación que aborde «la actuación de los responsables del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en lo relativo a los casos de abuso y explotación sexual de menores bajo su tutela». Las cuatro formaciones citadas han reiterado que consideran insuficiente que en su momento se crease sólo una comisión de expertos. Dicha comisión presentó ya el pasado 30 de septiembre su informe final, en el que recomendaba algunas mejoras en la actuación del IMAS.
Cabe recordar que los primeros casos de abusos y de explotación sexual de menores tutelados en Mallorca habrían sido ya detectados en 2010, si bien no fue hasta el pasado mes de enero cuando la realidad de esa lacra salió por vez primera a la luz pública. Así, hace diez meses trascendió a los medios el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena de 2019 y que, esa misma noche, fue presuntamente violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. En su denuncia ante la Policía Nacional, la víctima dejó entrever, además, la posible existencia de proxenetas de menores tuteladas. La niña hizo también referencia entonces a la existencia hoy de adolescentes de centros de acogida que se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.
En Baleares, a diferencia de otras comunidades, la atención a los menores depende esencialmente de los consells, que vendrían a ser como los «gobiernos» propios de cada isla. De ese modo, los consells gestionan los centros o pisos de acogida para menores tutelados , todos de régimen abierto, mientras que el Gobierno regional se ocupa únicamente de controlar los centros de internamiento, para jóvenes con antecedentes penales. En Mallorca existen 30 centros de acogida, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del IMAS. Hoy hay en total 327 menores en esos centros. Además, existen tres centros de internamiento en la isla, que son controlados por el Govern a través de la Consejería de Asuntos Sociales.
Disputa política
Tras hacerse público el mencionado caso de la presunta violación grupal de una niña tutelada, en enero trascendió también la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas, según confirmó entonces el IMAS. Precisamente, sobre dicho organismo y sobre el tripartito que hoy gobierna en el Consell de Mallorca se vertieron entonces numerosas críticas por su posible inacción para detectar y hacer frente a los citados casos de explotación sexual de menores tutelados. Esas críticas fueron rechazadas por el citado tripartito, que está conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera.
Por su parte, el PP, Cs y el PI solicitaron en febrero la creación de una comisión de investigación en el Consell de Mallorca sobre los menores tutelados víctimas de explotación sexual o de abusos. Esa petición fue rechazada por el equipo de gobierno tripartito, que como alternativa aprobó la creación de la citada comisión de expertos. La articulación de ese nuevo comité no pudo ser consensuada con la oposición, por lo que el PP, Cs, el PI y Vox anunciaron entonces que habían decidido desvincularse de la recién creada comisión, que además consideraron insuficiente y falta de transparencia.
Más allá de la polémica suscitada en febrero en el Consell de Mallorca por la puesta en marcha de la comisión de expertos en lugar de una comisión de investigación, la disputa política iniciada entonces acabó por afectar también al Ejecutivo balear , en donde gobierna también un tripartito. Así, desde la oposición se acusó a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, y a la consejera autonómica de Asuntos Sociales, Fina Santiago, de MÉS, de intentar «tapar» los casos de explotación sexual infantil detectados en Mallorca. Por su parte, Armengol y Santiago rechazaron esas acusaciones. En cualquier caso, en ese mes de febrero los partidos que apoyan a Armengol votaron en contra de sendas propuestas presentadas por Cs y por Vox en el Parlamento balear para la creación de una comisión de investigación en la Cámara regional.
Valoración actual
Como se ha indicado ya, la comisión de expertos impulsada por el tripartito que gobierna en el Consell de Mallorca para evaluar los más recientes casos de abusos y de explotación sexual de menores tutelados presentó hace quince días las conclusiones del informe que había estado elaborando en los últimos meses. El informe fue presentado en rueda de prensa por el presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan, y la coordinadora de la comisión, la profesora de Victimología Noemí Pereda, quien indicó que sería necesario actuar «de una forma más efectiva» en la búsqueda de soluciones a la citada problemática. Por su parte, De Juan reconoció que había un «margen de mejora».
Una de las principales recomendaciones recogidas en ese informe es la propuesta de creación de un centro especializado para ayudar a menores víctimas de explotación sexual, una iniciativa sobre la que de alguna manera estaba ya trabajando el Consell de Mallorca. De hecho, en principio ese centro especializado podría abrir ya sus puertas este mes de octubre. La comisión de expertos también indicó que, además, debería haber un protocolo específico para los casos de explotación sexual de menores y que se tendría que ofrecer más formación y recursos a los profesionales. Asimismo, la comisión abogó por proteger los derechos de las víctimas, evaluar individualmente los factores de riesgo o explorar nuevas posibles respuestas a la explotación sexual de menores, como por ejemplo el acogimiento familiar profesionalizado.
«Ya ineludible»
En ese contexto, ha tenido lugar este miércoles la citada rueda de prensa conjunta de la oposición en el Consell de Mallorca. Así, el portavoz del PP en la institución insular, Llorenç Galmés, ha indicado que la creación de una comisión de investigación es «ya ineludible», y ha añadido que «se equivocan gravemente los que pensaban que con conclusiones generales y con declaraciones de intenciones se daría todo por zanjado». Por su parte, la portavoz de Cs en el Consell, Beatriz Camiña, ha afirmado que «no se puede hablar de transparencia cuando casi diez meses después de que conociéramos estos casos aún no sabemos si el IMAS hacía algo para evitarlos».
En esa misma línea, la portavoz del PI en la institución insular, Xisca Mora, ha señalado que «la comisión de expertos no ha entrado en el fondo de por qué se da este problema». Asimismo, ha denunciado que es «lamentable» que De Juan «diga que sigue habiendo casos de explotación sexual, sin dar detalles sobre el número de casos y diciendo que ya se informará en la memoria de 2020 del IMAS, que se publicará bien entrado 2021». Por último, el portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, ha recordado que su partido había pedido ya en varias ocasiones, además de la comisión de investigación, una auditoría «independiente y global» para conocer «el funcionamiento, las necesidades y las deficiencias que puedan existir en el IMAS», así como su «gestión económica».
Por su parte, el equipo de gobierno del Consell de Mallorca no prevé apoyar la creación de esa comisión de investigación. En un comunicado conjunto emitido después de la rueda de prensa de la oposición, los portavoces del tripartito —Andreu Alcover (PSOE), Guillem Balboa (MÉS) y Magdalena Gelabert (Unidas Podemos)— han anunciado que, de acuerdo con lo que ya habrían defendido en febrero, propondrán la creación de una comisión política el próximo 26 de octubre, en el seno del Consejo Rector del IMAS, en el que están representados todos los partidos. Dicha comisión tendrá como objetivo, según ha avanzado el comunicado, «analizar las actuaciones políticas que se han tomado en relación a los casos de explotación sexual de personas menores de edad».
