Omella alerta de que ante «una creciente desigualdad social» no es tiempo de «soluciones fáciles y populistas»
Reivindica el espacio de la Iglesia en «el diálogo social» y hace un llamamiento a «la verdadera política» para hacer «las reformas estructurales» que necesita España
España se juega su futuro tras la crisis sanitaria provocada por el virus del SARS CoV-2. Consciente de ello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, dedicó este lunes buena parte de su discurso inaugural a la Asamblea Plenaria de los obispos a hacer un llamamiento a la unidad, al diálogo social y a la «verdadera política» para afrontar las «reformas estructurales» que necesita nuestro país para salir fortalecido de la pandemia.
Con un tono afable y conciliador, el arzobispo de Barcelona recordó que «las cosas no volverán a ser lo mismo» tras el Covid-19 porque «hay un mundo herido y afectado muy desigualmente». «Lamentablemente, la pandemia ha acentuado los efectos de la crisis económica del 2008 y ha sacado a la luz pública muchas de las heridas que no habían cicatrizado», afirmó.
El cardenal describió en su discurso el panorama desolador tras un año con el Covid-19: casi cuatro millones de parados, los abultados ERTE de incierto futuro, los 8,5 millones de personas que ya se encontraban en exclusión social antes de la pandemia, el 40 por ciento de paro juvenil. Frente a esta realidad, el presidente de los obispos alertó del «grave riesgo» de pretender «pasar página lo antes posible como si no hubiera pasado nada». «Una parte muy significativa de la población saldrá de esta crisis en una situación económica y social muy crítica», avisó.
Esta «creciente desigualdad social» no se afronta, según afirmó Omella, «con disputas inertes entre partidos políticos o con soluciones fáciles y populistas». «Ahora es el momento de la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaja por el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta el sistema democrático», subrayó.
En ese trabajo colectivo de «diálogo social, cultural y político», el cardenal también reivindicó el espacio de la Iglesia , que «no es un lobby de poder ni un grupo de presión social» . Retomando unas palabras del Papa Francisco, Omella insistió en que «nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos».
El marco de trabajo de la comunidad política y de la Iglesia, recordó, debe ser el de la «colaboración mutua», ya que «cuanto más sana y mejor sea esa cooperación tanto más eficaz será el servicio para bien de todos». En ese espíritu de «todos a una», el cardenal reivindicó «las necesarias reformas estructurales» que necesita España y que deben superar «los vaivenes de intereses electorales cortoplacistas». «La política existe para servir y ahora está llamada a servir más que nunca y a olvidarse de la consecución de intereses partidistas o su imposición ideológica aprovechando la crisis humanitaria y social que padecemos», afirmó.
Lucha de la Iglesia contra los abusos
En su habitual saludo de bienvenida a la Asamblea Plenaria, el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, defendió este lunes la lucha de la Iglesia española contra los abusos sexuales a menores e indicó que «nadie puede poner en duda su credibilidad» ni «interpretar falta de transparencia o negativa» a seguir las directrices del Papa Francisco.
«Nadie puede interpretar falta de transparencia o negativa a secundar lo que el Papa pide al respecto. Los animo pues a la necesaria colaboración en este doloroso tema sobre el que, desde la Secretaría General, se ha manifestado justamente, hace pocos días, monseñor Luis Argüello ante la opinión pública. Con el espíritu de colaboración y honestidad bien expresado, nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades» , precisó.
Sus palabras llegan algunos días después de que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, asegurara en el debate parlamentario sobre la nueva ley de protección a la infancia que «la Iglesia Católica ha sido cómplice demasiadas veces en este país, encubriendo la violencia sexual hacia los niños». La propia Conferencia Episcopal hizo público el pasado viernes un comunicado para subrayar que le parecía «gravemente injusta la acusación» de Belarra.
En una breve nota, los obispos señalaban que el trabajo de miles de laicos, sacerdotes y religiosos «no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación».
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