Oklahoma aprueba un proyecto de ley que prohíbe el aborto incluso en caso de violación o incesto

La Cámara Baja de Oklahoma ha aprobado una ley que ilegaliza la práctica del aborto y que castiga a quienes lo ejecuten con penas de hasta diez años de cárcel y multa de hasta 100.000 dólares. La norma solo incluye una excepción para permitir la interrupción del embarazo: que la vida de la madre esté en peligro. La ley de Oklahoma, que ya fue aprobada en el Senado del estado el año pasado, se enmarca dentro de una oleada legislativa antiabortista en EE.UU. y ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo –con una mayoría conservadora reforzada– desmantele la jurisprudencia sobre derecho al aborto que rige en el país desde los años setenta.

La propuesta legislativa fue votada por amplia mayoría, en un estado de fuerte implantación republicana (70-14), y queda pendiente de que la ratifique el gobernador del Estado, Kevin Stitt, también republicano. Stitt ya había mostrado anteriormente su disposición a rubricar la ley.

Oklahoma se une así a otros dos estados que han aprobado la legalización de la práctica totalidad de los abortos, Arkansas y Alabama. En estos dos casos, la ley ha sido bloqueada en tribunales. La de Oklahoma no entrará en vigor hasta el verano, cuando acaba el periodo de sesiones del poder legislativo estatal. Su entrada en vigor, que será peleada en tribunales por las organizaciones que defienden el derecho al aborto, dependerá en gran medida de la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre una norma antiaborto de Misisipi, que prohibe la interrupción del embarazo después de las quince semanas de gestación.

El alto tribunal tiene una composición de marcado corte conservador después de que Donald Trump tuviera la posibilidad de nominar a tres jueces durante su presidencia. En la actualidad, hay seis jueces nominados por presidentes republicanos frente a tres nombrados por demócrata.

Oklahoma, que es vecina de Texas, había experimentado un fuerte flujo de mujeres que han llegado desde el otro lado de la frontera estatal para someterse a interrupciones del embarazo, algo que el presidente del Senado de Oklahoma calificó de «estado de emergencia».