La nueva ley: mínimo del 25% de horas en castellano y valenciano

PSPV, Compromís y Podemos iniciaron en las Cortes Valencianas el pasado noviembre la tramitación parlamentaria de la nueva ley de plurilingüismo con el voto en contra del PP y Ciudadanos. La norma es el último intento de implantar un modelo lingüísitico que incremente el valenciano en la educación tras el fracaso del decreto aprobado hace casi un año.

Éste acumulaba nueve recursos y fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana antes de que pudiera aplicarse este curso. En él se incluían tres niveles lingüísticos: básico, intermedio y avanzado. El primero tenía el castellano como lengua vehicular y el avanzado, el valenciano. El problema vino a la hora de establecer las horas de docencia en inglés. En el nivel avanzando se impartía mayor cantidad, de modo que los alumnos que escogieran esta opción finalizaban la etapa educativa con una certificación que acreditaba un mayor conocimiento de la lengua extranjera. Es decir, que a quienes optaban por estudiar en castellano se les penalizaba con un nivel menor de inglés, lo que en opinión del TSJCV suponía un claro agravio comparativo.

Tras este varapalo judicial, el Gobierno valenciano dio carpetazo al decreto e impulsó una nueva ley. La Administración ya no determina qué asignaturas deben vehicularse en cada lengua, sino que lo hacen los centros. Los requisitos son cumplir con un mínimo del 25% de horas para castellano y otro 25% para valenciano, y entre un 15% de mínimo y un 25% de máximo para inglés.

A la espera de que se apruebe, se encuentra en vigor el decreto que se aprobó en septiembre para sortear la suspensión judicial del primero. En él se mantenían los programas lingüísticos del anterior para 1º de Infantil y evitar el caos de una nueva matriculación. Este último decreto es susceptible de ser recurrido por el Gobierno central al Tribunal Constitucional porque entienden que no había urgencia en aprobarlo cuando la situación de podría haber subsanado con el de 2012 aprobado por el PP. El Ejecutivo central y el autonómico ya han abierto una comisión bilateral para negociar.