Murcia pone en el foco las ramblas que viernten agua con fertilizantes al mar Menor
El Ejecutivo regional pide al Gobierno las competencias sobre cauces, ramblas y escorrentías que vierten a la laguna salada
La crisis del mar Menor no ha acabado. El Gobierno de Murcia aprueba previsiblemente este viernes un decreto con nuevas medidas urgentes. El texto prohibirá la entrada de agua cargada con nutrientes desde las ramblas , además de vetar el uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos en la franja más cercana a la albufera y reducir los plazos administrativos en los expedientes por regadío ilegal. Unas medidas que se suman a la petición formal iniciada ayer por la autonomía para poder asumir la gestión de los cauces, ramblas y escorrentías cuyas aguas vierten en la cuenca del mar Menor.
Se trata de actuar «en origen», tal y como solicitan desde el Ministerio para la Transición Ecológica, aseguran fuentes autonómicas. Según los cálculos de la región, desde la rambla del Albujón entran cada día 5.000 kilos de nutrientes al mar Menor, cuyo exceso contribuye a la eutrofización de la laguna salada. Por ello, el presidente murciano, Fernando López Miras, solicitó esta semana a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el cese de vertidos desde esta rambla. El Ministerio, por ahora, estudia la medida.
En este contexto, el veto a la entrada de agua con nutrientes desde las ramblas que aprueba este viernes Murcia se trata de un toque de atención a Ribera , ya que la autonomía no puede ‘cortar’ el agua pese al decreto, reconocen las mismas fuentes. Sin embargo, Murcia también ha iniciado los trámites formales para solicitar al Estado las competencias sobre las cuencas internas de la región y sí afectaría a aquellos cauces, ramblas y escorrentías cuyas aguas vierten en el mar Menor.
Momento «delicado»
«Estamos en un momento muy delicado, se prevén días de calma con ese aumento de temperaturas registradas este verano y se podría desatar un episodio como el que se vivía estas últimas semanas», aseguró Antonio Luengo, el consejero murciano de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, quien dijo que el Ejecutivo autonómico «no puede esperar y tiene diseñada la estrategia».
La comunidad confía en hacerse con la competencia sobre las aguas superficiales y subterráneas que discurran o se hallan íntegramente en su territorio, ya que se trata de «hacer efectivo lo contemplado en el Estatuto de Autonomía de la Región», concretamente, en el artículo 10.8, aseguró la portavoz del Ejecutivo regional, Valle Miguélez.
Estas labores de gestión se encuentran hoy en manos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), órgano dependiente de Transición Ecológica. Entre las tareas que pasarían a la autonomía, además de las ya citadas, se encontraría otras como la inspección y vigilancia de las concesiones de agua ; las competencias sobre las autorizaciones de vertido o funciones administrativas sobre su conservación, la policía de las aguas y sus cauces.
Aunque el Gobierno autonómico y el Ministerio rebajaron el miércoles la crispación política por el reparto de competencias frente a la crisis ambiental de la albufera, acordando reunirse cada seis meses, las discrepancias también fueron patentes. «Tenemos visiones diferentes y prioridades distintas, pero un objetivo común», decía López Miras en la rueda de prensa conjunta. Entre esas visiones diferentes se encuentra, también, el bombeo del acuífero del Campo de Cartagena con la intención de sacar el líquido que contiene unas 300.000 toneladas de nitratos, según sus cálculos. «Es muy importante actuar para rebajar el nivel freático y evitar que los nitratos lleguen al mar Menor», dijo el presidente regional.
Ribera, por su parte, rechazó el Plan de Vertido Cero, vigente desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que calificó de «desfasado». La ministra quiere un enfoque «más amplio». Estudiará la posibilidad de crear un «cinturón verde» alrededor del mar Menor que sirva de «filtro» a los nitratos que llegan desde tierra. Para ello, dijo, se ensayarán diferentes fórmulas, entre las que se encuentra la posibilidad de que el Estado compre los terrenos o se compense a los propietarios que reorienten sus cultivos en esta zona. El Ministerio también estudiará incluir el entorno en un catálogo de hábitats en peligro de extinción, amparado en la Ley de Patrimonio Medioambiental de 2007, que permitiría contar con más protocolos.
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