Las muertes de mayores en residencias rondan ya las 17.000 durante la pandemia en España
Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León son las regiones más afectadas
Las residencias de mayores han sido uno de los focos con mayor incidencia y mortalidad del coronavirus, pero todavía no hay cifras oficiales. Porque aunque el Gobierno ya dispone de los datos aportados por las comunidades autónomas, no los ha dado a conocer. Por ahora, las estimaciones en base a los datos autonómicos que sí se conocen apuntan a que unas 16.500 personas mayores usuarias de residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas de toda España han fallecido en el marco de la crisis provocada por la pandemia, según el recuento realizado por Europa Press.
Estos datos señalan a la Comunidad de Madrid como la región española más afectada, donde han fallecido 5.876 personas de residencias sociosanitarias; seguida de Cataluña , con 3.155 fallecidos; y de Castilla y León , con 2.449. En el lado opuesto, Canarias sigue siendo la comunidad con menor número de muertes, con 17 fallecidos.
Precisamente este jueves, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que asumió al inicio de la crisis de la Covid-19 las competencias de coordinación de las residencias, de «mirar hacia otro lado» y no haber hecho «absolutamente nada» para revertir la situación en estos centros.
«Me gustaría saber una sola de las medidas que ha puesto en marcha su partido en la Moncloa , ya que tiene el mando único», ha contestado Ayuso al portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, cuando este le ha preguntado en el pleno por sus planes para las residencias de mayores de la región.
El pasado 19 de marzo Pablo Iglesias anunció en rueda de prensa una batería de medidas para paliar la situación. Entre otras, 300 millones de euros para reforzar la asistencia domiciliaria o las plantillas de trabajadores sociales, y la que más destacó: su «vicepresidencia social» sería la responsable de destinar a la UME a aquellas residencias donde fuera necesario. «En el caso concreto de las intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la vicepresidencia de Derechos Sociales indicará al Ministerio de Defensa a qué residencias deben acudir», reza un comunicado de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 del 22 de marzo.
Iglesias llegó a aseverar que era «urgente medicalizar estos centros (las residencias) con más recursos y con equipos de protección individual para los profesionales. Estamos trabajando con Sanidad para que lleguen cuanto antes». También incidió en la falta de personal y en la necesidad de actuar cuanto antes para atajar la crisis.
Pero tras el anuncio, patronal y sindicatos han seguido denunciado el «abandono» por parte de las autoridades de los centros de ancianos, tanto en lo que tiene que ver con la protección de los empleados, como en la gestión de las residencias durante la crisis.
También se han producido denuncias en este sentido a nivel nacional por parte de PP y Vox, que han apuntado directamente al vicepresidente Iglesias. Ambas formaciones han culpado al líder de Podemos de las muertes en estos centros, mientras el vicepresidente segundo ha defendido su gestión de «ayuda» a las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en la materia.
