Mismas medidas, distinta justicia: Galicia y Castilla y León sí cierran; Madrid, no
La justificación jurídica de las restricciones, a falta de ley para todos, es clave de cara a los jueces

En la Justicia, como en la política, la clave buena parte de las veces está en el argumentario. Y en el caso de que una administración quiera lesionar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, más vale que lo tenga, y sólido.
Es lo que ha ... pasado con Madrid y Castilla y León cuando han acudido a sus respectivos Tribunales Superiores a pedir el aval necesario para poder aplicar idénticas medidas. Mientras los de Isabel Ayuso (PP+Cs) querían restringir la libertad de movimiento y de reunión en virtud de una ley de cohesión del sistema sanitario que no lo recoge entre sus previsiones, los de Alfonso Fernández Mañueco (PP+Cs) ofrecieron como blindaje una batería de normas autonómicas que desarrollan la Ley General de Sanidad de 1986, que sí ha venido permitiendo confinamientos.
Por eso, ante la misma petición de cerrar municipios de más de 100.000 habitantes a partir de las mismas tasas de contagio, a Castilla y León le han dicho que sí y a Madrid, que no. Y por eso, no se puede anticipar qué hará el resto de Tribunales Superiores de Justicia cuando tengan que tomar esa decisión para sus respectivos territorios: La orden del Ministerio de Sanidad obliga a todas las comunidades autónomas a poner en marcha estas medidas drásticas si se dan una serie de indicadores tasados , por lo que todos los Gobiernos regionales tendrán que redactar la orden y, dado que afecta a derechos esenciales, someterla a ratificación judicial.
En el preámbulo de la resolución, que es donde se juega ahora la partida, deben especificar con detalle suficiente como para convencer a un tribunal qué leyes y competencias les permiten afectar así a sus ciudadanos. De otro modo, no hay certeza ni garantías para ellos. De su pericia dependerá así evitar el disparate de regiones con más contagios y menos restricciones que sus colindantes .
Son 17 Tribunales Superiores de Justicia analizando individualizadamente cada orden. Y dado que, como recordaba el tribunal madrileño, se van a cumplir siete meses desde el primer estado de alarma y el Gobierno y el Congreso no han planteado una legislación orgánica que permita afrontar las restricciones que requiere una pandemia con homogeneidad, puede darse la situación de que teniendo en la mesa las mismas medidas, haya 17 interpretaciones de si pueden o no, aplicarse.
Paradójicamente, fue buscando homogeneidad por lo que se reformó la legislación el pasado mes de septiembre para que fuesen los Tribunales Superiores de Justicia y no los juzgados de instrucción quienes ratificasen las medidas. Ya se venían dando decisiones diversas, cuando no abiertamente contradictorias.
Andalucía y Galicia, sí
Lo dicho hasta ahora por estas mismas instancias tampoco es indicador. Madrid avaló el confinamiento por barrios con una batería de leyes y el TSJ se lo autorizó, pero el cierre perimetral no ha pasado el filtro.
El TSJ de Aragón, por su parte, permitió cerrar Ejea de los Caballeros (Zaragoza) porque veía respaldo legal y dio un rapapolvo al Gobierno regional por el de Andorra (Teruel): no justificó la urgencia y pidió permiso a posteriori, cuando ya estaban confinados. En Murcia al inicio autorizaron los cierres de Lorca y Totana juzgados de instrucción, pero el TSJ vino a ratificarlos porque entendía que se ajustaban al marco legal y a la Constitución.
En Andalucía, los magistrados avalaron los confinamientos de Linares (Jaén) y Carache (Sevilla) y la última resolución es de este mismo jueves, ya con la orden del Ministerio de Sanidad vigente, aunque ni se menciona. Da luz verde a confinar Almodóvar del Río (Córdoba) porque la Junta ha esgrimido la ya mencionada Ley Orgánica General de Sanidad de 1986 y sus normas autonómicas en la materia. El tribunal ha concluido que con esas armas, tiene habilitación legal. Además, en línea con el TSJ de Castilla y León, los magistrados andaluces entienden que las medidas, que vienen a ser las mismas en lo que afecta a derechos fundamentales en todos los territorios, se aprecian proporcionadas, necesarias y legítimas.
En el mismo sentido se pronunció este viernes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia: el Ejecutivo de Nuñez Feijóo pidió la venia para aplicar las restricciones de Sanidad en las comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Orense, O Ribeiro, Valdeorras y Verín, así como en la provincia de Ourense amparándose, de nuevo, en la ley de 1986 y su legislación autonómica.
Mientras, en Madrid ya rige un estado de alarma que ha puesto las mismas medidas en vigor. La Fiscalía, no obstante, va a recurrir la decisión del TSJM. El escenario todavía puede cambiar si le dan la razón y ratifican la orden.
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