El Ministerio Universidades quiere tener redactada la nueva 'ley Castells' a principios del verano
Castells anunció este jueves otra iniciativa legislativa: un proyecto de ley de convivencia universitaria. Cuando se convierta en ley sustituirá el reglamento disciplinario universitario vigente que fue firmado en 1954 por Franco
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El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha comparecido este jueves en el Congreso y ha asegurado que a partir de la semana que viene empezará la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para poner en marcha la nueva ley de universidades: la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) .
Su objetivo es que «a principios de verano» se cuente ya con un anteproyecto de ley que, se espera, será llevado al Consejo de Ministros antes de que acabe 2021 para así iniciar su tramitación parlamentaria a lo largo de 2022.
Según dijo Castells la LOSU «superará» la actual Ley Orgánica de Universidades de 2001. En un cambio de estrategia notorio respecto al recorrido de la 'ley Celaá', fuertemente criticada por la falta de participación de la comunidad educativa, Castells incidió en la participación: « No queremos que sean nuestras ideas solo, tenemos ideas de sobra , pero no es nuestra política, nuestra política es la interacción entre lo que nosotros pensamos y lo que la comunidad universitaria y el conjunto de la universidad española y sus representantes políticos piensan».
Tal como avanzó Universidades el proyecto de Ley de la LOSU girará en torno a cinco bloques: gobernanza y estructura organizativa de las universidades; Personal Docente e Investigador; investigación y transferencia de conocimiento; financiación; y Estatuto de los Estudiantes. Tal como denunció este periódico el estatuto de Personal Docente e Investigador iba a solucionar parte de los problemas de los más de 23.000 profesores asociados que hay en España, pero no saldrá adelante por la enorme oposición que se encontró de los sindicatos. Y es que lo que tenía de bueno respecto a los asociados, lo tenía malo en otros aspectos (como la laboralización de los funcionarios) y los sindicatos han optado por rechazarlo. Comisiones Obreras, UGT o CSIF se opusieron al estatuto y este se diluyó, por lo que se llevará a la futura ley como un bloque más. El problema es que la situación de los asociados ahora tendrá que esperar a un desarrollo legislativo que empezará el año que viene.
El ministerio ya está consultando con profesores, estudiantes y Personal de Administración y Servicios (PAS) pero dijo que al mismo tiempo quiere una consulta con los grupos parlam entarios . «A partir de la semana que viene me voy a reunir personalmente con cada grupo parlamentario, vamos a hablar, ustedes me van a decir qué quieren que yo haga, no quiero empezar a redactar ni a decidir antes de haberles escuchado a todos reiteradamente».
Reglamento disciplinario
Castells se refirió a otra iniciativa legislativa: un proyecto de ley de convivencia universitaria. Cuando se convierta en ley sustituirá el reglamento disciplinario universitario aún vigente y firmado en 1954 por Franco. Dicho reglamento considera como faltas graves « las manifestaciones contra la Religión y moral católicas o contra los principios e instituciones del Estado », «la injuria, ofensa o insubordinación contra las autoridades académicas o contra los profesores», «la ofensa grave, de palabra u obra, a compañeros, funcionarios y personal dependiente del centro», «la suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación de documentos», «la falta de probidad y las constitutivas de delito» y «la reiteración de faltas menos graves». Las correcciones aplicables a las faltas son la «Inhabilitación temporal o perpetua para cursar estudios en todos los centros docentes», la «expulsión temporal o perpetua de los centros comprendidos en el Distrito Universitario. o la «expulsión temporal o perpetua del centro».
«Es un reglamento, por tanto, anticonstitucional», ha dicho Castells. Aunque recordó que su intención inicial era derogarlo, ahora dijo que pretende sustituirlo por una ley «en consonancia con los valores democráticos y los principios constitucionales»
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