Los mejores obispos aceleran la limpieza de abusadores que impulsa Francisco
Iniciativas diocesanas sin precedentes están dando un vuelco cultural a la Iglesia
Cuando el arzobispo de Saint Louis, Robert Carlson, escribió el pasado mes de agosto una carta abierta al fiscal general del estado de Missouri invitándole a revisar toda la documentación de la diócesis, el prelado americano demostraba que algo importante ha cambiado en el modo de afrontar el abuso sexual de menores dentro de la Iglesia.
En otra iniciativa ejemplar, el cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark, y todos los obispos del estado de New Jersey han levantado unilateralmente la obligación de silencio asumida por las víctimas que cobraron indemnizaciones antes del 2002, fecha en que la conferencia episcopal prohibió esa práctica, corriente en Estados Unidos pero inmoral de fondo.
El Evangelio prevalecía sobre los consejos de los abogados y las compañías de seguros que, durante años, requerían a los obispos no recibir a víctimas so pena de fuertes aumentos en las pólizas de responsabilidad civil.
El cardenal Tobin recordó a las víctimas que «informaremos a las autoridades de sus denuncias, y les animamos a hacer lo mismo». Es lo que afirmaba el Papa en el reciente documental de Wim Wenders: «Frente a la pederastia, tolerancia cero. Los obispos deben remover de su función sacerdotal a los sacerdotes que tienen esa enfermedad, e incluso acompañar la denuncia de los padres en los tribunales civiles».
Casos muy antiguos
Cuando se establecen protocolos de colaboración con las autoridades, los abusos caen casi a cero. Es la experiencia del Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda, donde salen a la luz casos muy antiguos, sobre todo de los años ochenta del siglo pasado, en que la epidemia alcanzó su máximo.
«Los pastores no solo deben escuchar sino invitar a la gente que ha sufrido abusos a que se manifiesten porque, si no se expresan, esas heridas pueden destruir su vida», afirma el cardenal Ouellet
En muchos países, los mejores obispos aceleran la limpieza de abusadores que pide Francisco con medidas impensables hasta hace poco, creando ejemplos de «buenas prácticas» para los demás prelados y para la sociedad civil.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, cardenal Daniel DiNardo, pidió enseguida que la investigación de encubrimientos por obispos se encargue a comisiones formadas sobre todo por laicos con experiencia como policías, fiscales, jueces, psiquiatras, etc.
Incluso en México, el nuevo arzobispo de la capital, cardenal Carlos Aguiar Retes, llegó a un acuerdo con la principal asociación nacional de víctimas —SNAP México— para colaborar en el diseño de protocolos de ayuda y proyectos de prevención. En Europa, tanto los obispos holandeses como los alemanes han puesto en marcha investigaciones independientes para descubrir la extensión de los daños.
«Debemos estar agradecidos al público en general y a los supervivientes que hablan. Y si hay negligencia de la Iglesia, el Estado debe intervenir», asegura el cardenal alemán Reinhard Marx
El reciente informe de Alemania ha sacado a la luz mucha podredumbre: abusos de 1.667 clérigos sobre 3.667 niños desde 1946 a 2014, un período muy largo —68 años—, similar al del informe del gran jurado de Pennsylvania.
Pero la gran diferencia es que el informe alemán es voluntario: lo encargó la conferencia episcopal en 2014 a un equipo de investigadores de las universidades de Mannheim, Heidelberg y Giessen, y lo utilizará como herramienta para ayudar a las víctimas y reforzar los protocolos de prevención.
El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, comentaba hace dos días en Roma que la tremenda pérdida de credibilidad «no ha sido causada por los medios de comunicación, sino por la iglesia misma y sus líderes. Hay que poner fin a la costumbre de las excusas mediocres».
Hablando a los participantes en un congreso del Center for Child Protection (CCP) de la Universidad Gregoriana, Marx reconocía que «la capacidad de autorreforma de la Iglesia es limitada. Debemos estar agradecidos al público en general y a los supervivientes que hablan. Y si hay negligencia de la Iglesia, el Estado debe intervenir».
Esa actitud de respeto, justicia y agradecimiento a las víctimas —que muchos obispos remolones o miedosos no logran adquirir— es la que aconseja el Vaticano.
Cuando se establecen protocolos de colaboración con las autoridades, los abusos caen casi a cero.
Hace tres semanas, el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación de Obispos, repetía en Polonia que «los pastores no solo deben escuchar sino invitar a la gente que ha sufrido abusos a que se manifiesten porque, si no se expresan, esas heridas pueden destruir su vida. El daño de los abusos es enorme y duradero. Hay que llevar a cabo un trabajo de reparación y reconciliación».
El Papa Francisco recibe una o dos víctimas de abusos cada viernes, siempre de forma privada pues no se trata de hacer publicidad sino de ayudar a personas concretas. Solo se confirman los encuentros con grupos de víctimas si los interesados lo desean, como los dos grupos de Chile que vinieron a Roma este año, o el encuentro con ocho víctimas en Dublín el pasado mes de agosto.
Expulsiones del sacerdocio
La mayoría de los países son muy lentos en reforzar sus legislaciones contra los abusos. Irlanda introdujo la obligación de denunciarlos tan solo hace tres años. Y Pennsylvania solo podrá llevar a juicio a dos ex sacerdotes, pues el plazo de prescripción de abusos de menores es de diez años , absolutamente inadecuado para delitos cuyo trauma impide hablar, a veces veinte o treinta años.
Para la Iglesia, en cambio, son imprescriptibles. El Papa expulsó del cardenalato y recluyó a la vida privada al antiguo arzobispo de Washington, Theodore McCarrick , a los 88 años, por abusos de menores cometidos cuarenta años antes. Y acaba de expulsar del sacerdocio a dos antiguos abusadores: el chileno Fernando Karadima a los 88 años, tras un proceso de 7 años, y el ecuatoriano César Cordero Moscoso, de 91 años, tras un proceso de solo 10 meses.
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