Maracena, un pueblo volcado con la madre fugada para no perder a sus hijos

La Junta de Andalucía anuncia que ofrecerá sus servicios jurídicos a Juana Rivas, que continúa en paradero desconocido

Manifestación en apoyo a Juana de Rivas en Granada EFE

LEO RAMA

Ayer por la tarde no había un alma en la plaza de Maracena donde 300 vecinos se concentraron el pasado miércoles a las 4 y media. A la misma hora, la madre granadina que debía entregar a sus hijos al padre que la maltrató no estaba en el punto de encuentro. Se esfumó, y continúa en paradero desconocido. Ella, dicen los del pueblo, está en sus casas. En todas ellas. Su negativa a cumplir la providencia judicial ha desatado una ola de apoyo popular sin precedentes; también en las redes sociales, extasiadas por los hashtags #Juanaestáenmicasa y #YosoyJuana.

Juana es el tema. Casi no hay otro. De ella hablan los maraceneros en las barras y las terrazas de cafés y bares del pueblo próximo a Granada. «¡Yo fuera hecho lo mismo!» , apostillan sus vecinos, convencidos de que «los hijos tienen que estar con la madre». «Si él quiere verlos, que venga aquí», sostiene una mujer entre palabras de aprobación de sus amigas, que asistirán hoy a una nueva concentración en Maracena portando carteles morados con el lema «Juana está en mi casa».

Aunque la sientan cerca, nadie sabe dónde está . Ni su abogada ni sus asesores jurídicos ni los habitantes del pueblo. «Y quien lo sepa no lo va a decir nunca», afirman con la lealtad inusitada del que defiende al débil sin saber bien por qué. Con fe ciega, los corros de vecinas dictan sus sentencias extrajudiciales: «Yo creo que si esa mujer dice que el tío es un maltratador, es que es un maltratador». «¿Y si al hombre le da un pronto y le hace algo a los chiquillos?», se preguntan.

Otros, especialmente los hombres, tienen sus dudas al respecto . «Habrá que escuchar la versión del italiano, digo yo», espeta José, de 50 años, que al momento repasa el «expolio» al que se vio sometido tras divorciarse de su exmujer. No es el único, pero también los hay que están por la causa de Juana: «Un tío que levanta la mano a su pareja pinta poco en la crianza de esos niños… ¿Qué ejemplo es ese? ¿Qué educación les va a dar?».

El apoyo masivo del municipio a Juana sólo puede entenderse tras 20 años de activismo por la igualdad de géneros. África Baquero, técnico del Centro de la Mujer de Maracena, está convencida de que las movilizaciones ciudadanas se deben a dos décadas de trabajos destinados a reivindicar el papel de las mujeres en el pueblo. Esta oficina municipal ofrece gratuitamente sus servicios con un equipo multidisciplinar que presta ayuda jurídica y psicológica.

Ayuda de la junta

Además de la asistencia del Ayuntamiento de Maracena, Juana Rivas contará con los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que ayer mismo brindó su apoyo a la madre granadina. Así lo anunciaron la presidenta autonómica, Susana Díaz , en su Twitter y más tarde la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, ante los medios.

«Juana Rivas está pasando por una situación muy difícil y es importante que pueda tener todos los instrumentos a su favor», señaló la titular de Igualdad y Políticas Sociales, tanto por la madre como por sus hijos, «que están sufriendo una tensión psicológica que les afecta en su normal desarrollo».

La abogada de Juana, María Castillo, sigue expectante. Aguarda a que el juzgado le notifique el incumplimiento de su cliente. Al cierre de esta edición, el nuevo requerimiento no había llegado, aunque espera su venida en los próximos días. Por el momento, la letrada confía en que la juez no ordene la detención de Juana Rivas, si bien tampoco lo descarta: «Estamos hablando de un procedimiento en el que se están tomando medidas con celeridad sorprendente…».

En buca y captura

De momento, Juana Rivas y sus hijos permanecen en paradero desconocido después de que la madre optara finalmente por no entregar a los menores en el Punto de Encuentro Familiar al padre para que éstos regresaran a Italia, donde se encuentra su «domicilio habitual». Por órdenes del juzgado que lleva el caso, la Guardia Civil ha tratado de localizar a Rivas, para lo que han interrogado a personas de su entorno, que no han desvelado su ubicación.

La negativa de Juana Rivas a dejar a los menores en manos del padre será denunciada formalmente por el abogado del progenitor, que ayer anunció que emprenderá medidas legales por lo que consideran un «segundo secuestro», después de que la madre decidiera marchare de Italia con los niños sin previo aviso.

El letrado Adolfo Alonso, representante de Francesco Arcuri en este caso, señaló que se limitará a trabajar «en los juzgados». Desde el «respeto a los tribunales y sin entrar en cuestiones manipuladas de género ni de violencia contra la mujer», aseguró, pues Alonso entiende que Rivas ha «instrumentalizado» este asunto y que su cliente también está siendo sometido a «maltrato psicológico» desde que Juana se marchó de Italia.

La fuga de la fuga

La última vez que Francesco Arcuci vio a sus hijos fue el 18 de mayo de 2016. Por sorpresa, Juana Rivas se fugó con sus hijos de la isla de Carloforte, donde residía la pareja desde que se dieron una segunda oportunidad tras una primera etapa que acabó en una condena al hombre por malos tratos. Después de que él la convenciera de que había cambiado , ambos se fueron a vivir a la ínsula italiana.

Allí vivían y regentaban un hotel rural ubicado a 8 kilómetros del núcleo poblacional más próximo. Juana decidió huir a escondidas por la violencia física y psicológica a la que supuestamente estaba sometida, como denunció al retornar a España en el verano de 2016. Dicha denuncia aún no ha sido resuelta. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ha obligado a la madre a devolver a los niños a la que en teoría es su residencia habitual.

Ante la negativa del juzgado a reconsiderar su caso para que se tenga en cuenta que ha sido una mujer maltratada , Juana Rivas optó el pasado miércoles por fugarse de su fuga para ganar tiempo y presionar con tal de que el Ministerio Público o la Justicia adopten medidas cautelares ante la situación de «peligro» en la que podrían estar los menores.

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