Maniobra del PSOE balear para evitar el ‘efecto Canet’ en su ley educativa
PLIS advierte del «engaño» de los socialistas al declarar el castellano como vehicular y dejarlo luego sin efecto para blindar el catalán en las aulas
El 'efecto Canet’ ha puesto en un apuro al Gobierno balear de la socialista Francina Armengol y su futura ley educativa, que blinda la inmersión lingüística en catalán y trata el castellano como una lengua extranjera. Por eso los socialistas y sus socios parlamentarios de Més per Mallorca han matizado algunos artículos referentes al modelo lingüístico con el objetivo de hacer la normativa «menos vulnerable a la impugnación», según reconocen los nacionalistas. El reciente auto del Tribunal Supremo, avalando al menos un 25% de enseñanza en castellano en las aulas catalanas y, por extensión aplicable en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales como Baleares, donde padres y profesores han pedido al Ejecutivo de Armengol que aplique la jurisprudencia para garantizar la enseñanza en castellano, pone en entredicho esta normativa. La última versión de la ley ni siquiera reconocía el español como lengua vehicular en la enseñanza y avalaba de forma explícita la aplicación de modelos de inmersión lingüística 100% en catalán. Ante esta situación, el PSOE balear ha pactado con los nacionalistas de Més per Menorca reconocer el castellano como lengua vehicular para evitar denuncias ante los tribunales, aunque a efectos prácticos no se garantizará este cumplimiento, ya que deja en manos de los centros el proyecto lingüístico, que es la planificación donde cada colegio decide el idioma en que se imparte cada asignatura.
El Parlamento balear vota este jueves una enmienda transaccional que supone, en la práctica, continuar con la inmersión en catalán y arrinconar el castellano. Los nacionalistas, socios externos de Armengol, han anunciado este cambio en la normativa, que actualmente está en su última fase de tramitación parlamentaria. Según Més per Menorca, «la orientación del modelo lingüístico educativo basado en los derechos que garantiza el Estatut a los ciudadanos hará que la nueva ley sea menos vulnerable a la impugnación que sin ningún tipo de duda se hará de la ley frente al Tribunal Constitucional». Este ‘maquillaje’ apostaría por «un modelo más flexible y adaptado a las necesidades de los alumnos, más que en un modelo basado en cuotas fijas para cada una de las lenguas», ya que la «clave del sistema no es la imposición de una determinada cuota, sino el cumplimiento de un mandato del Estatuto de Autonomía».
Ante esta maniobra, la asociación de profesores PLIS. Educación, por favor ha acusado a los socialistas de «engañar» a los ciudadanos por declarar el castellano como lengua vehicular en la futura Ley Balear de Educación para dejarlo luego sin efecto.
«En efecto, declarando el español como lengua vehicular sortearía el mandato del Tribunal Constitucional que así lo viene exigiendo pero al mismo tiempo dejaría en manos del Proyecto Lingüístico de Centro , propuesto por el director del centro y aprobado por el Consejo Escolar, si se imparte o no alguna materia troncal (o análoga) en castellano, incumpliendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo». De este modo, alerta PLIS, se da la circunstancia de que la nueva ley educativa podría omitir la jurisprudencia del Supremo pero al mismo tiempo podría ser declarada constitucional puesto que los proyectos lingüísticos de centro contemplarían, al menos en teoría, el castellano como lengua vehicular, aunque, a la hora de verdad, podría traducirse en no impartir ninguna clase en castellano más allá de la asignatura de lengua y literatura castellana. «La vehicularidad del castellano se convertiría así en un ‘flatus vocis’».
PLIS denuncia que mediante este acuerdo en ponencia al que habrían llegado Més per Menorca y el PSIB todo quedaría exactamente igual que ahora. «El único cambio sería puramente retórico : los proyectos lingüísticos de centro incluirían a partir de ahora el castellano como vehicular pero serían otros aspectos -exactamente igual que ahora- como la situación sociolingüística del entorno del centro educativo o la mayor o menor capacidad de los alumnos a expresarse en castellano los factores que finalmente configurarían el contenido de los proyectos lingüísticos de cada centro». Así, por ejemplo, un estudiante de lengua materna castellana o con un dominio superior del castellano , al no dominar el catalán en la misma medida, se vería obligado a sufrir como hasta ahora un sistema de inmersión en catalán. En otras palabras, no se le garantizaría el mínimo del 25% de horas lectivas en castellano que ha fijado el Tribunal Supremo.
No cumplir con un porcentaje de horas
El «engaño» del PSIB y Més per Menorca consistiría, por tanto, en abstenerse de fijar algún porcentaje o mínimo de horas o materias en la ley educativa para no constreñir al director y al consejo escolar a la hora de redactar y aprobar el proyecto lingüístico de su centro.
PLIS avisa de que el Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones que cada autonomía debe fijar un mínimo de horas lectivas en castellano y catalán y que, a falta de voluntad de hacerlo por parte de la autonomía balear, seguiría rigiendo el mínimo de un 25% para cualquiera de las dos lenguas cooficiales. «La trampa del PSIB seguiría desoyendo nuestro ordenamiento jurídico», alertan los profesores, que creen que se hará un flaco favor a los directores de centro, al dejarles desasistidos judicialmente, ya que serán los «únicos objetos» de pleito contencioso o penal si no cumplen con la jurisprudencia, que obliga a impartir un mínimo del 25% del horario lectivo en castellano.
La asociación de profesores, que defiende la escuela como lugar de aprendizaje, ha decidido batallar ante la justicia y ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Ejecutivo de Armengol, con la ayuda de los servicios jurídicos de Societat Civil Balear, para reclamar que en Baleares se aplique la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a garantizar que se imparta como mínimo un 25% del horario lectivo en castellano y al menos en una materia troncal o análoga no tiene recorrido sólo en Cataluña sino en todas las comunidades bilingües».
El recurso, que ha sido admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), pretende forzar al Govern balear a transmitir a los directores de centros instrucciones «claras y precisas» para adaptar los proyectos lingüísticos al ordenamiento jurídico, tras años de «ilegal inmersión lingüística» y ante la inacción del gobierno central, «que abandona a los alumnos baleares a su suerte, y ante la decidida infracción del ordenamiento jurídico por parte del gobierno balear, que anima a profesores y directores a ignorar la jurisprudencia». Armengol ya ha dejado claro que no tiene intención de aplicar la jurisprudencia ; al contrario, dice que el auto del Supremo no tiene efecto sobre Baleares y sólo afecta a Cataluña.
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