Frente autonómico contra el plan de Celaá para aprobar el curso como «norma general»
Andalucía, Madrid y Murcia acusan al ministerio de «dejación de funciones»
El Ministerio de Educación ha abierto una nueva polémica al plantear a las comunidades un acuerdo sobre el cierre del curso escolar que propone, entre otras cuestiones, que los alumnos pasen de curso de forma generalizada, aunque sea con asignaturas suspendidas. Andalucía, Madrid y Murcia fueron ayer las primeras en desmarcarse de este plan, al considerar que dejan en manos de las autonomías y de los centros escolares decisiones que competen al ministerio, como es el número de suspensos para obtener el título de Secundaria y Bachillerato. El País Vasco tampoco apoyó el acuerdo, pero por otras razones: cuenta con su «propio plan de fin de curso». A la rebelión también se sumaron ayer la comunidad educativa y los sindicatos que no acaban de ver con buenos ojos la propuesta planteada el miércoles por la ministra de Educación, Isabel Celaá, durante su reunión telemática con los consejeros autonómicos del ramo.
Cero suspensos
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio , explicó ayer que su Gobierno no aceptará el documento porque no son las comunidades las que deben fijar los criterios para la obtención de un título. A su juicio, el Ministerio de Educación «quiso lavarse las manos» en una competencia nacional y no quiso fijar «cero, una o tres» asignaturas suspensas, pese a que los títulos expedidos tienen validez en todo el territorio nacional. «En Madrid será cero suspensos», aseveró Ossorio.
En la misma línea, se pronunció la Junta de Andalucía, al pedir que se fijen criterios y procedimientos comunes a todo el Estado. «En tanto no se establezcan en el acuerdo de manera expresa esas condiciones, Andalucía no puede apoyar al Gobierno tras la conferencia sectorial», aseguró la Consejería de Educación andaluza en un documento remitido ayer al Ministerio.
Todas las comunidades contrarias al acuerdo recordaron ayer que ya existe una norma estatal que fija los criterios de promoción y obtención del título. En el caso de la ESO establece la opción de promocionar con dos asignaturas suspensas y con tres excepcionalmente, mientras que para Bachillerato hay que aprobar todas las materias. En su propuesta de acuerdo, el Ministerio habla de promoción general y repetición excepcional , pero deja en manos de las comunidades que establezcan con cuántas asignaturas suspensas se puede promocionar, e incluso titular sin haber aprobado en Bachillerato todas las asignaturas. «Eso supone un agravio comparativo entre alumnos de las distintas comunidades autónomas», concluyó ayer la Consejería de Educación andaluza.
Injusticia
Murcia también cree que sería una «injusticia» que cada comunidad tomase diferentes decisiones en ese ámbito que pudieran generar desigualdades entre los alumnos. No obstante, si el Ministerio no dicta esas instrucciones, la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno , aseguró ayer que la consejería no dejará desamparados a los docentes y, de hecho, está ya perfilando instrucciones que entregará a los centros educativos para llevar a cabo las evaluaciones y promociones.
Una decisión similar tomó el Gobierno Vasco. Aunque no rechaza de pleno las orientaciones del Gobierno de Sánchez, seguirá su propio «marco de trabajo» para finalizar el presente curso académico. La consejera de Educación, Cristina Uriarte , recordó que la competencia educativa la tienen las comunidades, y subrayó que los acuerdos alcanzados no son de obligado cumplimiento.
Castilla y León trasladó ayer al Ministerio su apoyo general al acuerdo, salvo con el apartado de la promoción y la titulación, para el que pidió más concreción, que quiere analizar en una nueva reunión.
Galicia, gobernada por el PP, asumirá a regañadientes los criterios del Ministerio, pero no ahorra en reproches. En la respuesta al borrador de Educación, la Xunta censura sobre todo la « dejación de funciones » del departamento de Celaá en las condiciones para la promoción y titulación de alumnos y advierte de las desigualdades que esta ausencia de criterio va a provocar no solo entre territorios, sino incluso dentro de cada Comunidad Autónoma, informa José Luis Jiménez.
Desde el Ministerio de Educación admitieron ayer que su acuerdo ha provocado discrepancias, pero recordaron que las comunidades que no se han adherido ahora a la propuesta podrán hacerlo más adelante si así lo consideran e insistieron en que la Ley educativa LOMCE , que es la que está en vigor, es una norma que rige en todo el Estado.
Los sindicatos y la comunidad educativa también han acogido con críticas la solución acordada por la Conferencia Sectorial para finalizar el curso académico. En este sentido, valoraron que concluya en junio , pero lamentan su falta de concreción y dudan sobre la pertinencia de abrir los centros en julio. FeSP-UGT rechazó que el personal docente tenga que desarrollar las actividades de refuerzo en julio, algo que exigirá la contratación de personal.
