La ley de la infancia que aprueba hoy el Gobierno se queda corta

Un avance notable para la protección de la infancia, pero aún insuficiente. El Consejo de Ministros aprobará hoy la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, un texto que las asociaciones confían en poder mejorar durante su trámite parlamentario. La también conocida como ley Rhodes -en alusión al pianista y superviviente de abusos sexuales en la infancia afincado en España, y que ayer mismo pidió que la citada ley no se conozca con su nombre- representa un paso «imprescindible, urgente y necesario» a criterio de los colectivos de defensa de la infancia, pero que en algunos aspectos se queda corto.

En conversación con ABC, Miguel Hurtado -impulsor de la campaña «El abuso no prescribe» y que siendo adolescente sufrió abusos por parte de un monje de la abadía de Montserrat- incide en la necesidad de aumentar la edad de la víctima a partir de la cual comenzará a contar la prescripción de los delitos, y que se eleva de los actuales 18 años a los 30. «Supone un avance, pero no es suficiente», apunta Hurtado, que recuerda que hay estudios que demuestran que la edad media en la cual se denuncian los abusos sufridos en la infancia son los 44 años, lo que llevaría a que muchos delitos quedarían impunes. «Confiamos en aumentar en diez años el margen que fija el texto», añade.

En la misma línea, reclama que la llamada prueba preconstituida, que evita que el menor tenga que declarar reiteradas veces sobre los abusos sufridos, se generalice para todos los menores de 16 años, y no solo de 14. Hurtado también lamenta que el borrador de la ley hable de prevenir abusos en el seno de la familia, el colegio o el deporte, «pero se olvidan de los abusos en las instituciones religiosas, sean del credo que sean».

Crítico con la utilización de la figura del pianista James Rhodes - «el nombre de la ley debería que ser el de todas las víctimas; es una estrategia de Podemos para colgarse ellos la medalla» -, Hurtado pide a todas las formaciones políticas un compromiso para mejorar el texto en el trámite parlamentario. En la misma línea se expresaron ayer entidades como la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Save the Children, la Fundación Vicki Bernadet y el propio James Rhodes, que demandaron «altura de miras» y celeridad en la tramitación de lo que definen como una «ley de país».