«La ley educativa del Gobierno es un retroceso y nace con fecha de caducidad»

Que la « ley Celaá » siga su curso en el Parlamento tras el intento fallido del PP, Cs y Vox por tumbarla ha preocupado mucho al sector de la concertada. El texto elimina del artículo 109.2 de la Lomce (ley de los populares aprobada en 2013 y que la presente norma pretende derogar) la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».

El secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno , criticó que la ministra presentara su reforma educativa «dentro del estado de alarma y sin lograr un mínimo consenso en aspectos nucleares. Por ello, consideramos que es un proyecto caduco, que nace con fecha de caducidad, al igual que sucedió con la Lomce. Este proyecto no supone un gran avance en aspectos pedagógicos, sino más bien un retroceso al modelo de la LOE de 2006, desaprovechando una oportunidad única para utilizar la experiencia adquirida durante la crisis del coronavirus (actualizar contenidos, otorgar mayor autonomía a los centros, ofrecer recursos tecnológicos a todos los alumnos», apuntó Centeno que reclamó diálogo.

Lo mismo hizo Santiago García Gutiérrez , secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza: «Se ha perdido una oportunidad de buscar un consenso en torno a un tema tan trascendental. Esperamos que esa mano tendida al diálogo al que aludió la ministra sea una realidad, y en el trámite de enmiendas al articulado de la ley se tengan en cuenta las opiniones de una parte importante del sistema educativo, que hasta el momento ve con preocupación algunos aspectos de este proyecto de ley».

Para el sindicato CSIF «no se puede solucionar un error con otro. Todos los males de la ley anterior (Lomce) los tiene la presentada. No cuenta con el respaldo para ser un proyecto a largo plazo pues ni siquiera se ha buscado el apoyo de la parte profesional que representan los docentes», dijo Mario Gutiérrez , presidente de Educación del sindicato. Para Nicolás Fernández Guisado , presidente del sindicato de docentes ANPE, «cualquier reforma educativa debe venir precedida de un acuerdo de mínimos porque aunque hay algunas mejoras en la organización de los ciclos y en tratar de hacer un currículum más concreto en el impulso de la formación profesional, hay cuestiones pendientes como la situación del profesorado y sobre todo la vertebración del sistema educativo que afecta a la cohesión territorial y el principio de igualdad de oportunidades. No podemos seguir avanzando hacia un sistema educativo absolutamente disgregado en 17 mini sistemas, debe ser algo reconocible y homogéneo».

Sin embargo, no todo son críticas. Maribel Loranca , responsable de Enseñanza de UGT dijo que «celebra que comience el trámite de derogación de la Lomce y espera acuerdos en la tramitación para modernizar nuestro sistema educativo». Por su parte, Paco García , secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., dijo que «la Lomce tenía que ser sustituida porque no responde a las necesidades del sistema educativo actual, que era segregadora y privatizadora porque priroizaba la demanda social y además tenía currículos obsoletos. La Lomloe es insuficiente pero apuesta por la equidad y la inclusión».