«La "ley Celaá" quiere establecer un modelo que el TC ya ha dicho que es inconstitucional»
Cuatro entidades constitucionalistas presentan un documento en el Congreso de los diputados para tratar de impedir que el castellano deje de ser lengua vehicular en la educación
Continúa la carrera por intentar frenar que el castellano deje de ser lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado como pretende la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), conocida como «ley Celaá». Esta mañana, las entidades constitucionalistas Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya, Impulso Ciudadano, Sociedad Civil Catalana y S'ha Acabat! han presentado en el Congreso de los Diputados una petición dirigida a todos los grupos parlamentarios para solicitar que se mantenga el carácter vehicular del castellano y demás lenguas cooficiales.
«El documento que hemos entregado analiza el histórico del tema de la lengua en Cataluña, con sentencias de los tribunales y la actual ley en Cataluña, así como las propuestas que pedimos a los diputados para que tengan en cuenta y reviertan esta situación », explica Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, que advierte de que la «ley Celaá» dará pie a que la situación que se da en Cataluña se expanda por el resto de España . «Esta ley supondrá que el modelo de la escuela catalana se exporte al resto de comunidades con lenguas cooficiales», lanza.
La aprobación de la Lomloe, explica Losada, es «dar forma legal a lo que ya se está incumpliendo en Cataluña», de manera que si el castellano deja de ser lengua vehicular en la educación, otras autonomías con lenguas cooficiales podrán eliminar sus líneas de enseñanza en castellano y mantener solo las del resto de idiomas. « Esta ley da una pata para que se haga algo ilegal », asegura, algo que no van a permitir, pues en caso de que siga adelante están dispuestos a ir a los tribunales para impedirlo.
En el documento se solicita que la Lomloe mantenga el carácter del castellano como lengua vehicular, que se reconozca el derecho lingüístico de los alumnos a ser escolarizados en castellano y en las otras lenguas cooficiales en los territorios donde esto ocurra, que la ley se adapte a lo establecido por el Tribunal Constitucional en materia de cooficialidad lingüística, que establezca la proporción mínima para los modelos de conjución lingüística, que se reconozca el español como la lengua propia de todos los españoles y que se lleven a cabo pruebas de evaluación comunes para toda España.
«Una ley que restringe derechos»
«Es una ley que restringe derechos», sentencia José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, que remarca que «sorprendentemente», en lugar de dar más derechos a los ciudadanos, lo que va a hacer esta nueva norma es «quitar el derecho a los alumnos en España de ser escolarizados» en castellano. La finalidad, dice, es implantar un tercer modelo educativo que se sume a los que ya hay, el de libertad de elección de lengua y el de conjunción lingüística en las proporciones correspondientes. «La ley quiere establecer un modelo que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es inconstitucional , que es el de la lengua única en una comunidad donde haya varias lenguas cooficiales».
La intención del Gobierno con la «ley Celaá», dice Domingo, es «implantar un modelo en beneficio de los partidos nacionalistas ». «Que no engañen a la sociedad», reclama, pues considera que lo que se pretende es dificultar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. «Es un claro retroceso, una ley amputadora de derechos», asegura, y muestra su intención de seguir trabajando para impedir que llegue a ser una realidad.
Como inicio de la campaña que estas asociaciones pretenden llevar a cabo han publicado también un manifiesto para plasmar sus objetivos. «El castellano ha de ser lengua de comunicación en el conjunto del proceso educativo y ha de ser vehicular, en su caso, junto con la otra lengua o lenguas cooficiales en la comunidad autónoma», comienza el citado manifiesto, que recuerda que así lo establece el artículo 3.1 de la Constitución, que dice que el castellano es oficial en todo el territorio español, lo que implica el derecho a recibir una educación en castellano . «Nada de lo anterior se cumple en Cataluña», denuncia el documento.
Los firmantes lamentan que los niños catalanes no reciben clases de español hasta los seis años , y una vez alcanzada esa edad solo las reciben en la mayoría de los casos en las clases de lengua, siendo el resto de materias no lingüísticas impartidas en catalán. «El sistema conocido como inmersión lingüística implica que todas las materias se imparten en catalán, excepto lengua castellana , y que, además, el catalán es la única lengua de comunicación en la comunidad educativa», lamentan. Esta situación, denuncian, es negada «sistemáticamente por quienes miran para otro lado ante la conculcación en Cataluña de una exigencia constitucional y de los derechos de los niños y de sus familias», por lo que estas asociaciones piden que se reconozca que en Cataluña se incumple la obligación de que los alumnos estudien en castellano.
Lo que conseguirá la «ley Celaá», aseguran, es dar apoyo a esta práctica que ya se lleva a cabo en Cataluña y que «priva sistemáticamente del derecho a ser educado en castellano» a los niños que estudian en Cataluña. Aluden también a que el castellano es la lengua materna de más de la mitad de los catalanes, por lo que los resultados académicos de estos niños son peores que los de los catalanohablantes al no recibir una educación en su idioma habitual.
«Un fin claramente político»
«Quienes firmamos este manifiesto nos comprometemos a seguir trabajando para conseguir revertir la situación que se vive en Cataluña », dicen los firmantes, que denuncian que la Lomloe supone además «un claro mensaje de desamparo» para aquellos catalanes que abogan por el respeto a la Constitución y por una escuela bilingüe. Solicitan el apoyo de todos los españoles para que se asuma «con naturalidad» que los catalanes tienen dos lenguas : el catalán y el castellano. «Lo que se defiende es un derecho reconocido internacionalmente, el derecho a recibir educación en la lengua materna cuando es oficial en el país donde reside el niño; y ante la defensa de un derecho tan básico como éste todos deberían movilizarse superando distinciones partidistas», exigen, a la vez que denuncian que la exclusión del castellano tiene «un fin claramente político que sirve al proyecto nacionalista que pretende separar Cataluña del resto de España».
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