La ley Celaá avalará la salida de las aulas del castellano pese a ser un «fraude constitucional»

Esther Armora y Josefina G. Stegmann

05/11/2020
Actualizado a las 09:40h.

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Un fraude constitucional. La enmienda a la «ley Celaá» pactada entre PSOE, Unidas-Podemos y ERC que elimina la referencia, en el proyecto de ley orgánico Lomloe, a que el castellano sea lengua vehicular en toda España, es, a juicio de juristas y expertos consultados, un « acto de rendición de los partidos nacionales al independentismo » y « el destierro definitivo de esta lengua en las comunidades ».

De aprobarse la enmienda a la que ha accedio ABC, con toda seguridad hoy a las 17.30, según han confirmado a ABC fuentes parlamentarias, la modificación echaría por tierra casi cuatro décadas de lucha sin cuartel en Cataluña para preservar el castellano y «perpetuaría el incumplimiento constitucional en el que desde hace más de tres décadas incurre el gobierno catalán con su modelo lingüístico monolingüe , único en Europa», según denuncian expertos en Derecho consultados por ABC. Pese a la agresión que supone la enmienda, algunos letrados como José Domingo, presidente también de Impulso Ciudadano , advierten de que no será tan fácil retirar al castellano su papel de lengua de uso en las aulas.

«Constitucionalmente los idiomas oficiales son lenguas vehiculares y eso no va a cambiar salvo que se reforme la Carta Magna y, por lo tanto, los Tribunales seguirán declarando al castellano como lengua vehicular», precisa Domingo. El abogado Ángel Escolano , portavoz de Convivencia Cívica Catalana (CCC), se muestra menos optimista al respecto y recuerda que Cataluña lleva más de tres décadas desoyendo sentencias firmes judiciales que le advierten de que su plan de lenguas «atenta contra la letra y el espíritu de la Constitución».

A juicio de Domingo, el pacto PSOE-UP-ERC «pretende legalizar proyectos lingüísticos inconstitucionales y obligar a los padres a judicializar sus pretensiones de que el castellano sea lengua docente» . «Para cerrar el círculo -añade-la Lomloe blinda el control y evaluación de la presencia de las lenguas vehiculares a las administraciones autonómicas. Es decir, se devalúa el símbolo, la lengua común, y se facilita el fraude constitucional ».

La opinión de estos juristas es bien distinta a la dada ayer por la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien fue preguntado por ABC por la polémica enmienda. « Lejos queda del objetivo de este ministerio desalojar al castellano . Es, junto las lenguas cooficiales, objeto de tratamiento en las escuelas y seguirán siéndolo de acuerdo a la Constitución y a los estatutos de autonomía», zanjó Celaá que evitó dar su palabra de honor sobre si el castellano estaba siendo usado como moneda de cambio en la negociación de los Presupuestos. Añadió, tal como apuntaron fuentes parlamentarias del PSOE a ABC que «se incorporarán medidas compensatorias de tal manera que en zonas donde haya necesidad de fortalacer el castellano se haga».

Para Escolano, la enmienda a la ley socialista « sería la puntilla » que daría pleno derecho a las comunidades a desterrar de sus escuelas la lengua del Estado y daría carta blanca a los gobiernos autonómicos para «saltarse las leyes y la Constitución». Recuerda que la inmersión lingüística supone una vulneración de la Constitución, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley y en el artículo 3.1 señala que « el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Para mantener el modelo lingüistico de la inmersión «debería cambiarse la Constitución», dice Escolano. «Quien lo incumpla -añade- está en franca rebeldía». La enmienda además da un golpe simbólico ya que cuando se alude al castellano se elimina la referencia a este como «lengua oficial del Estado».

Los nacionalistas catalanes han hecho de la lengua su gran baza de construcción del «proyecto de país». Escudándose en la Ley de Política Lingüística de 1998 y en la Ley Catalana de Educación (LEC) de 2009, que se aprobó en la época del tripartito de izquierdas (ERC, PSC e ICV) con el apoyo de todas las fuerzas políticas excepto el PP y Cs, el gobierno catalán ha ido desplazando al castellano de las aulas desoyendo los numerosos pronunciamientos judiciales que le obligan a devolverle su papel de lengua cooficial en la escuela.

El reguero de sentencias que le instan a modificar su plan de lenguas, algunas de ellas apelando a que vulnera derechos fundamentales y principios básicos de la Constitución, no han tenido ningún efecto. El catalán sigue siendo la única lengua de uso en el sistema educativo público , y el castellano una lengua casi residual que, si no hay sentencias de por medio, se usa en solo una asignatura.

El primer varapalo judicial a la inmersión lo dio el Tribunal Constitucional (TC) en julio de 2010 con el fallo sobre el Estatut. A raíz de un recurso del PP, la sentencia puso en la cuerda floja la inmersión, al apuntar que el castellano debe ser lengua vehicular en la escuela junto al catalán . En diciembre de ese mismo año el Tribunal Supremo (TS) instó a la Generalitat a «adoptar medidas» para que el castellano sea lengua vehicular. Cinco meses después, el Supremo dictó dos sentencias idénticas. Cinco fallos posteriores del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dos de 2017 y el último de febrero de 2018, reconocieron que, aunque el catalán debe ser «el centro de gravedad» del sistema escolar de Cataluña, eso no debe ir en perjuicio del castellano.

Posteriores pronunciamientos judiciales han avalado una mayor presencia de la lengua común en la enseñanza estableciendo la obligación de ofrecer al menos el 25% de las horas semanales de clase en castellano. Sin embargo, la administración catalana sigue en el desacato y los fallos son papel mojado para el Govern.

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