Centros de reconocimiento psicotécnicos
El jugoso negocio de los conductores «aptos»
En diez minutos y con 70 euros, en España se superan los laxos controles médicos en alguno de los 3.000 centros autorizados. Al menos un 5% de ellos son irregulares
Cerca de 3.000 centros médicos-psicotécnicos pasan revista a los conductores en todo el país. En el último ejercicio del que se tienen datos, 2017, se tramitaron en ellos 3,2 millones de reconocimientos, de los cuales, según la Dirección General de Tráfico ( DGT ), 560.343 eran nuevos permisos; mientras que se efectuaron 2,5 millones de revisiones en el marco de un censo de 26.640.000 conductores. Estos centros facturan 130 millones de euros anuales , un jugoso pastel que lejos de menguar se ha agigantado con la proliferación como champiñones de mil centros más en la última década. Y, al menos, un 5% de ellos actúan de manera clandestina o irregular, alentados por una competencia voraz y desleal.
El porcentaje lo puso sobre el tapete el que fuera diputado y senador del PP José Ignacio Landaluce, presidente de Asecemp , la asociación mayoritaria del sector. Su secretario general, Bonifacio Martín , recibe amablemente a ABC y explica que están «muy interesados en sacar a la luz a aquellos centros que no cumplen las normas», unos cuantos «chiringuitos» que están rentabilizando el fraude. «Los ciudadanos saben cuáles son permisivos, un “coladero” para llegar y en menos de diez minutos irse con el apto puesto», afirma. Por ello, de esta Asociación Española de Centros Médicos-Psicotécnicos han partido en los últimos años algunas de las denuncias por malas prácticas que están en proceso de resolución en la Fiscalía de Seguridad Vial. La unidad que coordina el jefe de sala Bartolomé Vargas aclara a este diario que no se disponen de datos de cuántos centros se han cerrado o expedientado por irregularidades.
Martín señala algunas, como la obligación de que haya tres facultativos en los centros –oftalmólogo, psicólogo y médico – para examinar la capacidad que tiene el conductor de volver a ponerse al volante, que no se cumplen. Este periódico comprueba que, en efecto, esta ilicitud se está cometiendo en algunos establecimientos, los mismos en los que cabe recordar se superan las pruebas de tenencia de armas. «Se hacen entre 1 y 1,2 millones de reconocimientos al año para obtender el permiso de armas y sus renovaciones» en estos centros, especifican en Asecemp.
En Madrid, h ay un censo de 3,3 millones de conductores , que se examinan en cientos de centros desperdigados por la comunidad. Y hay mucha manga ancha , confirman en Asecemp. En el lado opuesto, Galicia es el lugar que, de la mano del fiscal de Seguridad Vial Carlos Gil, ha actuado con mayor firmeza «contra un “grupito” de psicotécnicos que no cumplen su función», dijo el propio fiscal . Estos locales deben superar tanto inspecciones sanitarias como de tráfico frecuente.
De los exámenes realizados a los automovilistas en España, apenas un 0,9% (35.000 al año) no salen aptos para conducir y a un 7,5% (unos 280.000) se les impone alguna restricción.
¿Uniformidad con Europa?
En 2010 la ley española cambió para que el conductor pudiese efectuar todos los trámites en estos centros y no fuesen manuales en las jefaturas provinciales de tráfico, una vez superado el test médico y de habilidad psicotécnica. A resultas, se produjo un gran ahorro en las arcas de la Administración, ya que el centro de reconocimiento no solo evalúa las aptitudes del conductor, sino que tramita telemáticamente sus datos y expide el certificado de renovación hasta que el nuevo carné llegue al domicilio particular. Desde noviembre de 2009, también se modificó el periodo de vigencia : de diez años hasta los 70 años y cinco a partir de esa edad, aunque la queja de Asecemp radicó, entonces y ahora, en que los conductores mayores deberían superarlo cada bienio. «La excusa que se nos dio para cambiarlo todo –dice Bonifacio Martín– fue que había que armonizarlo en toda Europa, cuando no es así». Lo cierto es que el nuestro es de los países que más controles impone a los conductores, que buscan superar el trámite de manera fácil y rápida, pero también más costosa.
Tal y como informan los corresponsales de ABC, en Francia y Bélgica, por ejemplo, salvo «que el conductor cometa una locura», viajarán toda la vida con el mismo carné, el de los 18 años seguirá vigente a los 80. En lugares como Rusia e Italia se superan cada diez o quince años las revisiones, un modelo similar al español.
Algunos expertos demandan la alerta de los médicos para impedir que los conductores incapacitados se pongan al volante, como se hace en los países nórdicos, donde los controles periódicos no son obligatorios, reafirma el catedrático de Seguridad Vial Luis Montoro .
En opinión de Ramón Ledesma , asesor de PONS Seguridad Vial, «desde su puesta en funcionamiento a principios de los 80, el reconocimiento médico español respondía en su filosofía al sistema de derecho administrativo latino: la culpabilidad presunta del conductor. Se legisló estableciendo que el conductor no estaba en condiciones psicofísicas de conducir, salvo que el reconocimiento médico probase lo contrario. En el norte de Europa, bajo un modelo de derecho sajón de presunción de inocencia, el modelo fue el inverso: basta que el conductor declare que no tiene dolencias que le impidan conducir, sin reconocimiento médico. De hecho, la mayoría de los permisos duran toda la vida. El primer modelo hace responsable al médico, y el conductor intenta eludir su responsabilidad saltándosela. El segundo responsabiliza al conductor y genera mayor concienciación».
Modelo híbrido
Ledesma propone para España un modelo híbrido: «El conductor debe someterse a reconocimiento médico, pero, además, debe hacer una declaración expresa donde conste su capacidad plena para conducir. De esa declaración, en caso de accidente, tienen que trasladarse consecuencias. El modelo actual solo lleva al conductor a intentar burlar el sistema de presunción». Y ahí entra el «juego» que les hacen ciertos centros. Es necesario, insiste Ledesma, incorporar el médico de familia para los conductores mayores e implicar a su familia cuando su pariente ya no tenga las facultades mínimas para conducir por mor de la seguridad en la carretera.
Para el presidente de la asociación de víctimas de tráfico DIA , Francisco Canes, las exploraciones «deberían ser mucho más exhaustivas y basarse en todas las patologías recogidas en el reglamento general de conductores. Los cambios en el estado psicofísico –ejemplifica– no se pueden pasar por alto. Hablamos de enfermedades cardiovasculares, cuadros depresivos y la ingesta de enfermedades que impederían la renovación del permiso y que nunca se comprueban en un psicotécnico».
En su día, el fiscal Vargas también cargó contra el «circuito clandestino» en el que se enfangaban conductores mayores o que necesitan seguir llevando un vehículo contraviniendo su propia salud y sin garantías para el conjunto de la seguridad vial. En 2010 ordenó a la Policía Judicial investigar a los centros que estaban otorgando licencias sin «tener las facultades mínimas de conducción», sin «facultativos exigidos por la ley, que carecen de los instrumentos adecuados y que expiden certificados médicos solo pr dinero», cursó la instrucción el fiscal. Por mucho dinero . «Hay que impedir que los conductores que ponen en riesgo la seguridad vial estén en las carreteras», enfatizó.
Según Asecemp, el cerco a estos centros que pervierten la imagen de la mayoría de establecimientos que hacen las cosas bien se lograría trocando el modelo de autorización administrativa a un modelo de concesión. Si no se cumple, no renuevan la concesión y el centro cierra.
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