El juez considera que no hubo estafa en la venta del Minerval como posible futuro anticancerígeno
El magistrado ha vuelto a archivar la causa, después de haberlo hecho ya de forma inicial en septiembre, si bien la Consejería de Salud podría acabar imponiendo una multa muy elevada a quienes suministraban el producto
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, ha dictado esta semana un auto en el que acuerda el archivo provisional del denominado caso Minerval, « al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito de estafa objeto de la denuncia ». En dicho caso se investigaba originariamente la presunta comercialización de un posible futuro fármaco contra el cáncer —el Minerval — por parte de dos catedráticos de Biología Celular de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Pablo Escribá y Xavier Busquets, y de tres colaboradores de ambos.
El magistrado había archivado el caso Minerval de forma inicial el 8 de septiembre del pasado año. Sin embargo, el 28 de noviembre la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma estimó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía —al que se había adherido la UIB— y decidió reabrir la causa, si bien sólo en relación a Escribá. La Sala quería conocer el destino del dinero que se habría conseguido con la venta del Minerval y también si su precio era o no excesivo.
Tras la resolución de la Audiencia Provincial, se incorporaron a las actuaciones ya realizadas en su momento las facturas del Minerval entre los años 2012 y 2017, los balances de sumas y saldos de la Fundación Marathon desde 2007 hasta 2017 y un resumen de los balances y destino de las cantidades ingresadas por dicha fundación desde 2007 hasta 2016. De toda esa documentación se dio traslado a la Fiscalía, que finalmente ha interesado ahora « el sobreseimiento provisional de las actuaciones » respecto a Escribá.
Una causa compleja
El juez Morell, además de haber archivado ahora por segunda vez la causa, pide en su nuevo auto que se remita testimonio de las actuaciones a la Consejería de Salud del Gobierno balear, por si existieran motivos para «la incoación y tramitación, en su caso, de un expediente administrativo sancionador por las actividades comerciales realizadas con el producto Minerval —ácido 2 hidroxioléico— desde el año 2004». En ese contexto, la Consejería de Salud podría acabar imponiendo una multa muy elevada, que incluso podría alcanzar el millón de euros, a quienes suministraban el producto. La resolución dictada ahora por el magistrado no es firme y contra ella cabe interponer un recurso.
En el primer auto, el de septiembre del pasado año, el juez había señalado que los compradores del Minerval «sabían que se trataba de un producto en fase experimental, no de un medicamento de venta en las farmacias ». El magistrado añadía que a quienes adquirían el citado producto no se les aseguraba la «eficacia curativa» del mismo. En ese sentido, «se buscaba una alternativa para pacientes sin tratamientos convencionales aplicables que, aun conociendo ellos o sus familiares las anteriores circunstancias, decidieron tomarlo o adquirirlo pues no tenían nada que perder». Aun así, el juez Morell decidió también entonces que se remitiera «testimonio de las actuaciones» a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Palma había confirmado en su resolución de noviembre que no hubo «engaño relevante» en la información facilitada sobre el Minerval, su naturaleza y sus propiedades. En ese contexto, tampoco existió engaño «respecto de la cualificación profesional del doctor Escribá». Pese a ello, la Sala consideraba que debía « profundizarse » en la línea de investigación del precio de la sustancia sintetizada, así como en relación al dinero recibido por Escribá por parte de quienes adquirieron el producto y sobre el destino final de las cantidades ingresadas por las entidades a las que fueron transferidas.
Antecedentes del caso
Cabe recordar que en abril de 2016 el Consejo Social de la UIB había hecho llegar a la Fiscalía la primera denuncia concreta de una persona que había adquirido el Minerval y que consideraba que había sido estafada. A partir de entonces se pusieron en marcha las investigaciones que en abril del pasado año concluyeron con el arresto inicial de cinco personas, entre ellas los profesores Escribá y Busquets. En aquel momento había ya una quincena de denuncias presentadas. La Policía estimaba que, globalmente, se habrían estafado más de 611.000 euros a través de la supuesta comercialización del Minerval . El citado compuesto se encontraba entonces aún en fase de ensayos clínicos, lo que significaba que no tenía aún la calificación de medicamento ni contaba con la preceptiva autorización para poder ser vendido al público.
Según los investigadores del caso, las personas que adquirían el Minerval abonaban el dinero que se les solicitaba a través de una entidad sin ánimo de lucro, denominada Fundación Marathon Glioma. La Policía sospechaba que dicha fundación «enmascaraba la venta del producto como una donación voluntaria de los familiares para la investigación» y también creía que los citados dos catedráticos de la UIB habrían mostrado a los familiares de los enfermos imágenes presuntamente manipuladas para hacer creer que los tumores de los pacientes disminuían de tamaño.
Por su parte, tanto Escribá como Busquets siempre negaron haber cometido cualquier posible irregularidad. Ambos declararon en mayo del pasado año en calidad de investigados —equivalente a imputados— ante el juez. Los dos profesores se declararon inocentes del presunto delito de estafa agravado que les imputaba la Policía . Busquets y Escribá le dijeron al magistrado que el Minerval contaba con la patente de nutracéutico —complemento alimentario— desde 2003. Asimismo, indicaron que se habría comercializado a precio de coste y que nunca lo habrían vendido como fármaco. Tras prestar ambos declaración, el magistrado no les impuso ninguna medida cautelar.
Por lo que respecta a la posición adoptada por la UIB en esta causa, el Rectorado decidió el 12 de abril del pasado año, como medida cautelar inicial, suspender la «actividad docente» de Escribá y de Busquets.
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