Stop a la Ley Celaá
Ahora que el proyecto legislativo entra en una nueva etapa, solo falta que los obispos, todos a una, salgan en defensa de la libertad de los padres
La Educación católica está que trina con la Ley de Educación (LOMLOE) de la ministra Isabel Celaá , quien por cierto estudió en el Colegio del Sagrado Corazón de Bilbao, de las Hijas de la Caridad. Nobleza obliga. Cuando hablamos de Educación católica no nos referimos a un grupo marginal. Algunas de sus cifras: 2.455 centros concertados, lo que le supone al Estado un ahorro de 3.531 millones de euros ; 1.521.196 alumnos; 130.448 empleados; el 23, 3% de alumnos con necesidades especiales derivadas de la discapacidad estudian ahí y 71. 031 alumnos son inmigrantes.
Esta semana concluyó el plazo de presentación de las enmiendas a este atropello normativo. El ninguneo de la Ministra a la Escuela Católica provocó que los Delegados episcopales de enseñanza de las diócesis hayan lanzado una singular campaña con el lema STOP Ley Celaá y el mensaje #ReliEsMas . No debemos olvidar que son 3,3 millones de alumnos los que eligen todos los años la asignatura de Religión –esto sí que es un plebiscito anual-.
Los motivos de la protesta son varios. La nueva Ley permite la distribución del alumnado por la administración sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres, inventa un derecho a la educación pública, olvida los derechos de los padres como responsables de sus hijos, introduce un comisario político en los centros concertados, posterga la enseñanza de la Religión, impone una nueva asignatura en valores éticos y cívicos que no se apoya en valores consensuados, limita la autonomía de los centros, ataca a la educación diferenciada y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial. Argumentos que los implicados han expuesto en varias ocasiones a la ministra con limitadito éxito.
Ahora que el proyecto legislativo entra en una nueva etapa, solo falta que los obispos, todos a una, salgan en defensa de la libertad de los padres, de la educación integral y de la preservación del modelo educativo que proponen legítimamente en la sociedad. No se trata de que convoquen ya manifestaciones. Solo de distinguir entre el conveniente “buen rollito” con el gobierno y “el pan nuestro de cada día”.
