La inevitable guerra escolar
Reconducir esta propuesta de ley es una obligación de todos los demócratas
En los inicios de la legislatura constituyente de la actual democracia española, el que fuera primer presidente del Senado, Antonio Fontán, escribió un artículo en «La Actualidad Española» titulado «¿Guerra escolar?» (5-VIII-1977). Don Antonio se mostraba partidario de una «pacífica convivencia» entre el sistema de educación pública, del Estado, y el de la iniciativa privada . No dos «sistemas en competencia, sino como sistemas complementarios que cumplen, ambos, juntos y por separado, un aparte del servicio público de la educación».
La organización del sistema educativo debía, según este autor, responder a los principios modernos que inspiran la democracia moderna, libera y social, «lo cual implica la protección por las autoridades de las libertades públicas y personales -de individuos, familias y comunidades- a la hora de elegir la clase y el nivel de educación a que aspiran». Y añadía don Antonio que, en aquel entonces, aunque el PSOE quisiera imponer su modelo, «romper la baraja», no lo iba a hacer, ni tampoco al revés. «Eso no quiere decir –concluía- que un día no lleguemos a la guerra escolar en España, pero estamos en condiciones de evitarla».
Ese momento ha llegado . Parece que no se puede evitar. La guerra ha comenzado porque el Gobierno social-comunista, que quiere revertir la historia, considera que es el tiempo oportuno para imponer la «Escuela única, pública y laica». Es decir, romper con una de las expresiones más conseguidas del pacto constitucional de 1978, que es, al fin y al cabo, lo que nos estamos jugando con la Ley Celaá. No nos engañemos, no se trata solo del principio del fin de la concertada , ni del destrozo pedagógico que se va a hacer a las próximas generaciones, que ya son argumentos suficientes y graves. Lo que está en juego, si se aprueba tal y como está esta ley, es el fin de una de las libertades básicas , por tanto, del sistema de garantías de la vida en un país libre. Reconducir esta propuesta de ley no es solo cuestión de la Plataforma «Más libres, más plurales, más iguales». Es obligación de todos los demócratas. También los obispos.
