Interior tendrá que indemnizar a los huérfanos de una víctima de violencia de género a la que no protegió
La Audiencia Nacional condena al Ministerio porque la Guardia Civil no apreció riesgo un mes antes de que fuese asesinada
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior por no proteger a una mujer que acudió a denunciar violencia de género y que, tras ser catalogada en dependencias de la Guardia Civil como de riesgo «no apreciado» f ue asesinada por su marido solo un mes después. Le habían denegado la orden de protección. Dejó dos huérfanos menores de edad.
Los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2016, cuando la mujer solicitó una orden de protección frente a su marido ante el puesto de La Guardia Civil de Sanlucar La Mayor (Sevilla). El juzgado le denegó la orden atendiendo a la existencia de versiones contradictorias, la ausencia de antecedentes del denunciado y a ese informe de evaluación policial del riesgo que no apreciaba peligro para ella. El 16 de octubre, el marido la asesinó con arma blanca en la casa donde ella acababa de empezar a trabajar.
«Concurren en este caso varias conductas encadenadas: la acción positiva directa del marido asesino; la acción indirecta de la juez de primera instancia e instrucción que denegó la orden de protección; la omisión de los agentes de la Guardia Civil que no apreciaron riesgo de protección de la víctima», resume la Sección Quinta de la Audiencia Nacional.
La reclamación, interpuesta por los padres y los hijos de la fallecida se centra en la actuación de los agentes, y no en la decisión de la juez que denegó la orden de protección, si bien la Sala expone que «en caso de considerarla contraria al ordenamiento jurídico, sería un supuesto de error judicial».
En cuanto a los agentes, la sentencia concluye que «la concienciación social e institucional sobre la importancia del problema de la violencia de género exige una mayor sensibilización de la que mostró en este caso el puesto de la Guardia Civil de San Lucar la Mayor».
Afirma que había « suficientes elementos , tanto en la denuncia como en el informe del Punto de Igualdad Municipal de Olivares, así como en la declaración judicial, para que se hubiera dado un nivel mayor de protección por la Guardia Civil, al menos en el seguimiento del caso que dejaron en manos del citado punto de igualdad».
«No sólo se han producido daños – los más graves - sino que, además, de las circunstancias concurrentes, es indudable que no se apreció el riesgo que existía que hubiese podido prever o evitar el asesinato, por lo que incumbe al Ministerio del Interior la reparación de los daños causados , en este caso, por el funcionamiento de los servicios policiales», dice la sentencia.
Según expone, aunque esos agentes cumplieron la ley en tanto que siguieron los trámites establecidos, su actuación «ante situaciones de violencia de género no debería quedar limitada a aspectos formales de atención a la denunciante, asistencia, información de derechos y citación a juicio, sino que exige una atención preferente de asistencia y protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar, a los efectos de prevenir y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias del maltrato».
En este contexto, los magistrados entienden que el Estado, a quien «corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado» tiene una «responsabilidad directa y objetiva»: Debe «hacer frente a los daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera normal, del servicio público» y habida cuenta del fatal desenlace, »no puede haber ningún deber jurídico que la perjudicada, sus hijos o sus padres deban soportar«.
Condena a Interior a pagar una indemnización de 20.000 euros al padre y otros 20.000 a la madre de la fallecida así como 70.000 euros a cada uno de los hijos menores de la mujer por el daño moral, aunque modera la responsabilidad atendiendo a la circunstancia de concurrencia de culpas del marido y del juzgado que denegó la orden de protección solicitada y en atención a los factores de convivencia y dependencia económica.
