Igualdad quiere agilizar el reconocimiento a las mujeres maltratadas por parte de los ayuntamientos
La delegada del Gobierno para la Violencia Machista y juez Victoria Rosell impulsará la medida del Pacto de Estado para que no sean solo los magistrados los que acrediten la condición de víctimas
El Ministerio de Igualdad dice querer reactivar (aunque nunca se ha aplacado) el Pacto contra la Violencia de Género y concretará con las comunidades autónomas que las administraciones locales (los servicios sociales) y no sólo los jueces puedan acreditar la condición de víctima de violencia machista y agilizar así las medidas de protección y otras ayudas. Lo que quiere Rosell es que se impulse el ttítulo habilitante que acredite la situación de «víctima de violencia de género» a una mujer maltratada sin necesidad de que haya interpuesto denuncia.
En abril de 2019, estando en funciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ya reunió a las comunidades autónomas (a través de la vicepresidenta Carmen Calvo ) para aprobar en la Conferencia Sectorial de Igualdad este título habilitante. El objetivo era ampliar los mecanismos de acreditación de la condición de víctima de violencia de género, una medida que el Gobierno aprobó en 2018 a través de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que entró en vigor en diciembre de 2017.
Así lo ha anunciado este lunes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género , Victoria Rosell , que ha avanzado que esta medida -que está incluida dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género- se tomará en una próxima reunión de la Conferencia Sectorial que tendrá lugar antes del mes de abril, durante los últimos días del mes de marzo previsiblemente.
Se trata de que las administraciones, a través de los servicios sociales, servicios especializados «y otros que se pacten» puedan acreditar la condición de víctimas de violencia machista antes de iniciarse el procedimiento judicial.
Rosell ha confirmado el asesinato machista de una mujer en Lugo y el de Granada durante los últimos días, con lo que el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del año ascienden a 10 y son ya 1.043 desde que en 2003 comenzaron las estadísticas . La cifra es muy elevada, aunque en la comparativa con 2019, por estas fechas eran 11 las víctimas asesinadas.
«Ninguna llevaba protección»
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha instado a todas las mujeres que están siendo maltratadas a que denuncien a su agresor porque, en este año 2020, entre las mujeres asesinadas no había «ninguna asesinada que llevara dispositivo telemático» ni ninguna medida de protección, salvo un caso en Albacete y porque la mujer se lo quitó para ver a su expareja. Con la medida que intenta impulsar, Rosell ha señalado que se busca acabar con «la bolsa negra» de mujeres asesinadas por violencia de género que no habían denunciado previamente su situación de maltrato.
De hecho, Rosell ha destacado en su comparecencia institucional en la sede del Ministerio de Igualdad que de las 10 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de 2020, tampoco había ninguna mujer «que hubiese denunciado previamente su condición de víctima» y anunció, en este sentido, que el Ejecutivo impulsará la medida 113 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que incide sobre el acompañamiento jurídico para las mujeres.
Explicó Rosell que un 13% de las mujeres no denuncia «por el miedo a no ser creídas», por culpa de todos lo que han alentado el mito de las denuncias falsas que repesentan menos de un 1%. Recordó que de las 55 asesinadas el año pasado, sólo 11 habían denunciado. «Apelamos a que las mujeres se encuentren seguras y denuncien a sus maltratadores», ha dicho la delegada y agregó que para poder hacerlo deben de contar con otros apoyos porque muchas tienen dependencia económica de sus parejas. «Deben de contar con prestaciones económicas, soluciones habitacionales para poder salir de la violencia de género», también ha deslizado.
Rosell ha asegurado que, como la de hoy tras los últimos crímenes sexistas en Granada y Lugo, habrá una comparecencia mensual para analizar los casos que se hayan producido.
«La violencia de género es una cuestión de Estado y vamos a denunciar cada caso» porque su origen es la desigualdad , así se concluyó en la cumbre de Pekín en 1995 y es el quinto objetivo de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para el planeta de Naciones Unidas. «Frente a la desigualdad, más igualdad», ha concluido la juez.
