Los huérfanos de la violencia de género también tendrán pensión cuando el asesino no sea su padre
El Congreso de los Diputados aprueba con la excepción de Vox que reciban beneficios fiscales y una indemnización que faciliten el proceso de adopción a otros familiares
Desde 2013, 332 menores han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género. Pero desde enero, esa cifra se podría disparar, porque serán consideradas víctimas de la lacra machista todas las mujeres asesinadas por hombres, sean vecinos, amigos, desconocidos o una expareja. Para todos ellos, el Congreso de los Diputados impulsó ayer –con la oposición aislada de Vox– el cobro de una pensión.
No se ha formalizado aún –un trámite que se hará antes de fin de año previsiblemente en el Pleno–, pero la Comisión de Igualdad conoció y avaló casi por unanimidad el informe de la ponencia de la ley que reforma las condiciones de los huérfanos de la violencia de género para que sean adoptados por familiares o aunque su padre no sea el asesino.
La iniciativa, impulsada por el PSOE y a la que se sumó Unidas Podemos, recabó ayer el apoyo de todos los demás partidos. Nació de las denuncias de la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla, que se dedican a atender a estas familias y que pusieron el problema sobre la tarima parlamentaria, por el laberinto burocrático que atraviesan muchos familiares para adoptar a los niños que pierden a sus madres, además de las graves dificultades económicas que tienen los pequeños para acceder a herencias e indemnizaciones. En el Senado se llegó a escuchar –mayo de 2018 – los testimonios de varios huérfanos que desencajaron a los parlamentarios.
Exención de impuestos
Con el nuevo texto se va a garantizar el acceso a la prestación a un mayor número de personas, especialmente aquellas en situación de mayor «pobreza y vulnerabilidad», subrayó ayer la portavoz socialista Lidia Guinart. La compensación llegará al hogar que no llegue a un límite de renta establecido, o a aquel donde el agresor sea distinto del padre o en el que el hombre esté «en situación de vulnerabilidad» o en otras circunstancias, como que se encuentre en paradero desconocido tras el crimen.
La norma también elimina incertidumbres sobre los diferentes pronunciamientos judiciales en relación con la liquidación de la sociedad de gananciales y plantea exenciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes. Por último, dota a los juzgados de violencia sobre la mujer de una nueva competencia para resolver este tema económico a instancias de los herederos .
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