Hasta siete años por un programa espía en el móvil de su pareja, con acceso a mensajes, llamadas y fotos

Un joven, de 22 años, J.F.J. se enfrenta a siete años de prisión por controlar a su novia a la que regaló un móvil con un programa espía instalado que le permitía acceder en todo momento a su ubicación, así como a todo el contenido de su dispositivo telefónico incluidas las contraseñas.

Según el escrito de calificación provisional al que ha accedido Europa Press, el joven es « celoso, posesivo y manipulador ». Comenzó a salir con otra joven con la que mantuvo una relación desde octubre de 2014 a julio de 2015. Durante este tiempo, sostiene la Fiscalía, «ha humillado y vejado , así como controlado y aislado a su pareja».

A tal punto llegó su deseo de control que « para conseguir su propósito de saber siempre dónde estaba , qué iba a hacer y con quién y de qué hablaba, le instaló un sistema espía en el móvil que le regaló». Dicho programa le daba acceso a todo el contenido del móvil, desde las conversaciones telefónicas que podía grabar, sus mensajes de correo y whatsapp , hasta fotos, ubicación y contraseñas.

Tal fue la situación de control que la joven pareja llegó a sospechar de que en todo momento el acusado conociera cada uno de sus pasos. La relación, según Fiscalía, llegó a ser «insoportable» aunque cada vez que la joven intentaba romper, J.F.J. le pedía perdón y la amenazaba con suicidarse si ella le abandonaba.

Finalmente, en julio de 2015 la joven se dio cuenta de que tenía instalado un sistema espía en el móvil y optó por acabar con la relación. Días después de haber roto, según el Ministerio Público, el acusado comenzó a amenazarla para que le entregara el teléfono móvil.

La Fiscalía califica todos estos hechos como un delito contra la intimidad por revelación de secretos y por el que le reclama cuatro años de cárcel. Además, le pide otros tres años de prisión por tres delitos de coacciones , y medidas de alejamiento por una falta de vejaciones injustas.

En este último aspecto, desde Fiscalía se reclama que se imponga al acusado la prohibición durante ocho años y medio de comunicarse por cualquier medio o aproximarse a la víctima a menor de 500 metros.

El caso está pendiente de señalamiento para la celebración del correspondiente juicio.