El Gobierno devolverá todas las multas del primer e inconstitucional estado de alarma
La ilegalidad del confinamiento entre marzo y junio del 2020 deja sin efecto más de un millón de sanciones
El primer e inconstitucional estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus cerró con un balance de más de un millón de multas a ciudadanos que se saltaron el confinamiento domiciliario. La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado julio, que declaró ilegal ese encierro general e indiscriminado –para el que habría sido necesario aplicar un estado de excepción –, deja sin efecto todas estas sanciones y, según ha podido saber ABC, el Gobierno ya está tramitando los primeros reingresos.
Para las devoluciones de las multas, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha puesto en marcha un grupo de trabajo encabezado por el Ministerio de Política Territorial , según avanzó ayer Ep y confirmó este diario en fuentes ministeriales.
Estas fuentes especifican a este periódico que el grupo de trabajo se ha reunido ya y ha comenzado a tramitar las primeras devoluciones, obligatorias por la citada sentencia del Constitucional, que declaró nulas las multas. «Estamos trabajando los equipos para que a través de delegaciones y subdelegaciones se produzcan las devoluciones», especifican las fuentes consultadas por ABC.
El grupo de trabajo lo conforman la Agencia Tributaria , la Delegación de Economía , el Tesoro y el propio Ministerio de Política Territorial, en estrecha colaboración con equipos informáticos para garantizar la correcta devolución de las cantidades pagadas por los españoles durante ese primer estado de alarma. Las multas no abonadas correspondientes al primer estado de alarma, que estuvo en vigor entre el 14 de marzo y el 21 de junio del 2020, directamente, decaen.
Devolución «de oficio»
«Se devolverá el dinero a los ciudadanos de oficio, requiriéndose previamente que identifiquen el número de cuenta bancaria», explican desde Política Territorial. El varapalo judicial al Gobierno, que deberá reingresar las sanciones, se une al previsible fallo del Constitucional sobre el segundo estado de alarma , que también prevé declarar su inconstitucionalidad por hurtar al Congreso la capacidad de control efectivo al Ejecutivo con la prórroga de seis meses. Este diario avanzó la posición del ponente el mes pasado.
Según los datos que facilitó el Ministerio del Interior en marzo de este año, se impusieron en toda España un total de 1.142.127 multas durante el primer estado de alarma.
De las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 se habían trasladado a otras administraciones; 54.193 se encontraban en proceso de instrucción; y 11.206 se habían archivado, según datos actualizados por Política Territorial el pasado mayo. Es decir, más de 170.000 multas ya se habían cobrado hasta el mes de mayo.
Precisamente ese mes, Política Territorial había anunciado que iba a reforzar y agilizar la tramitación de multas ante «la desproporcionada carga de trabajo». Solo figuraban 235 efectivos en todo el territorio nacional para decidir si cabía o no el inicio del expediente sancionador ante ese más de millón de multas propuestas.
Instrumento inadecuado
La decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el confinamiento decretado en el primer estado de alarma de la pandemia salió adelante por un solo voto. Fue clave la progresista Encarnación Roca , que se decantó por la inconstitucionalidad y que saldrá del órgano de garantías cuando se consuma la renovación pactada ante ayer entre el Gobierno y el PP . Los magistrados concluyeron en su sentencia que las medidas impuestas por Pedro Sánchez no solo limitaron derechos –para lo que sí se contempla el uso de un estado de alarma– sino que se suspendieron –algo para lo que es necesario un estado de excepción–.
El tribunal no cuestionaba la necesidad del encierro domiciliario para frenar la expansión del coronavirus en España, completamente disparada en marzo del año pasado, sino la herramienta constitucional empleada, insuficiente a ojos de la mayoría del Constitucional. También se decretó inconstitucional, en una sentencia posterior, el 'cerrojazo' del Congreso de los Diputados impuesto por la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet , quien ha sido objeto de otra polémica esta semana por su pulso al Supremo para quitar el escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez .
Debido a la prohibición de libre circulación, el Constitucional vio suspendidos otros dos derechos en su sentencia: el de reunión y el de establecer la libre residencia donde cada uno considere oportuno. El decreto de Sánchez fijaba la obligatoriedad de que los españoles permaneciesen en su primera residencia, sin posibilidad de trasladarse a otras de su posesión por ningún motivo.
Noticias relacionadas
