El Gobierno impulsará la creación de «corredores» de fauna que podrán modificar carreteras y propiedades

El mismo camino que permite viajar a los españoles de una ciudad a otra, es el que impide a muchas especies desplazarse con normalidad por su ecosistema natural. Autovías, autopistas y trenes de alta velocidad, así como tendidos eléctricos o canales parten los territorios y ejercen una «frontera ambiental» para la fauna. No cruzarlas contribuye a su declive como especie, y cruzarlas puede acarrear la muerte inmediata. Ahora el Gobierno pretende acabar con ello y, previsiblemente mañana martes, aprobará en Consejo de Ministros la «Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas».

Las comunidades autónomas deberán trasponer esta estrategia a su normativa en los próximos 3 años y estudiar qué acciones determinadas deben ejecutar para que en 2050 todos los espacios naturales protegidos estén conectados . Un objetivo que también podrá afectar a espacios urbanizados, agricultura intensiva, vallados cinegéticos , puertos o espigones, ya que se plantea «restaurar» los territorios que tengan «un potencial valioso para formar parte de esta red» de ecosistemas. Según fuentes ministeriales, entre las actuaciones previstas está la retirada de infraestructuras ya existentes, así como expropiaciones, aunque esta última no será la vía preferente de actuación sino solo una extraordinaria.

Según las estimaciones que maneja el Ministerio, la fragmentación de España afecta al 55,5% del territorio de las aves , con una reducción prevista del 22,6% en el número de individuos. Respecto a los mamíferos, afecta al 97,7% del territorio y el descenso previsto alcanza el 46,6% en el número de individuos. Porque, pese a que las zonas naturales más importantes están ahora protegidas por la red Natura 2000, desde la Unión Eurpea se está impulsando la implantación de lo que ha llamado «infraestructuras verdes» , ya que las especies necesitan desplazarse entre estas áreas protegidas para sobrevivir a largo plazo, prevenir el aislamiento genético y facilitar las migraciones.

Sin embargo, por ahora el Gobierno no cuenta con un diagnóstico concreto de qué zonas son estas, aunque todo apunta a que la fragmentación es más elevada a lo largo de la costa y en el nordeste peninsular, así como en País Vasco y Madrid. Tampoco existe una estimación del coste económico que acarreará la creación de esta red, pero sí que las inversiones en los próximos años van a ser «muy cuantiosas» por parte de todas las administraciones. Fuentes ministeriales apuntan a que el plan de recuperación postcovid debe contribuir al cumplimiento de esta estrategia.