El Gobierno impone el confinamiento a 4,8 millones de madrileños y Ayuso se rebela
Madrid niega validez jurídica a la orden ministerial porque no fue adoptada por consenso
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Tras diez días de fotos para la galería, desencuentros y segundas oportunidades, la cruda realidad se ha impuesto: no hay entendimiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por imponer vía Boletín Oficial del Estado unas instrucciones de obligado cumplimiento que conllevarán el confinamiento parcial de casi 5 millones de madrileños: los habitantes de Madrid capital y los municipios de Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas. Pero el Gobierno regional acepta el órdago y negaba este miércoles que fuera a cumplir las medidas porque, a su juicio, no se adoptó por consenso por lo que «no tienen validez jurídica».
Madrid se revolvía nuevamente contra las políticas de hechos consumados del Ministerio de Sanidad. En nombre del Ejecutivo autonómico, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, apelaba al reglamento del consejo interterritorial -y su exigencia de consenso- para justificar su desobediencia de las normas . En un tono de enfrentamiento abierto, el político madrileño acusaba al Gobierno de España de «tener prisa por intervenir Madrid, y no por luchar contra el virus».
El plante de la Comunidad madrileña no deja lugar a dudas: en caso de que el Gobierno Central publique estas nuevas limitaciones en el BOE, «se valoraría desde la Abogacía General» de la Comunidad las acciones a emprender. Que podrían incluir la petición de medidas cautelares al juez, para frenar el cierre de Madrid hasta que hubiera pronunciamiento.
El principio de acuerdo
La postura del Gobierno madrileño ha sido fluctuante en los últimos días, a medida que se redoblaba la presión del Ejecutivo nacional sobre la región. Díaz Ayuso defendía el día 27 que estaría dispuesta a las restricciones en Madrid si se aplicaban los mismos criterios en toda España. La tarde del 29, en la reunión del Grupo Covid madrileño, el vicepresidente regional y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, anunciaba en Twitter un «principio de acuerdo» que apenas una hora después rebajaba un comunicado oficial del Ejecutivo madrileño a la voluntad de ambas administraciones de «seguir negociando».
El día 30, Díaz Ayuso daba un nuevo giro y pedía al ministerio que no se ciñera a los tres criterios elegidos para todas las comunidades, sino que ampliara el «zoom» a otros como la capacidad de detección de contagios o la «elasticidad» de su sistema sanitario.
El resultado fue que en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebró por la tarde otras cinco regiones se unieron a la Comunidad de Madrid. Fueron Galicia, Andalucía, Cataluña, Región de Murcia y Ceuta. Pero el ministro de Sanidad se aferró en última instancia a que 13 regiones votaron a favor del planteamiento. El ministro de Sanidad se dirigió a La Moncloa para anunciar que esa decisión colegiada será plasmada en una orden ministerial que en los próximos días será publicada en el BOE.
«Madrid es especial»
El ministro de Sanidad quiso remarcar que la Comunidad de Madrid estaría obligada a aplicar estas medidas pese a no compartirlas. «Madrid es especial porque la salud de Madrid es la salud de España. Ahora ya tenemos una orden que se va a publicar en el BOE, que es fruto de una decisión colegiada y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas». Fuentes gubernamentales apuntan a que este jueves podría publicarse la orden ministerial. Illa se mostró muy crítico con la posición de la Comunidad de Madrid: «Nadie entiende su marcha atrás ahora, ni los madrileños ni los españoles».
Por el momento solo se dan las circunstancias para aplicarla en la Comunidad de Madrid. Pero la orden alcanzará al conjunto del territorio y si otras ciudades de más de 100.000 habitantes alcanzan los indicadores establecidos, también tendrían que aplicar estas medidas. Estos tres indicadores son: que el municipio presente una incidencia de 500 positivos por cada 100.000 habitantes ; que el porcentaje de positividad del municipio sobre el total de pruebas supere el 10%; y que en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el municipio exista una ocupación de las UCI por encima del 35%.
