El Gobierno estudia castigar a la educación concertada y privada con un IVA del 21 %
Así se plantea para los Presupuestos de 2021. El gasto de esta medida pedida repercutirá directamente en las familias
Por si no hicieron suficiente contra la concertada y la privada en las enmiendas al proyecto de ley educativo que se está tramitando en el Congreso («ley Celaá»), cuyo contenido adelantó ABC, ahora el Gobierno da un paso más hacia la desmembración de estos sectores educativos.
Según ha podido saber ABC, en la configuración de los Presupuesto Generales del Estado 2021, el Gobierno planea eliminar la exención de IVA de la sanidad y de la educación privadas .
En principio, en el ámbito educativo afectaría de forma directa a las empresas titulares de centros privados. Pero también podría perjudicar a la concertada, no en cuanto al concierto propiamente dicho, pero sí respecto a las actividades que no están comprendidas en la subvención, por ejemplo, las actividades extraescolares y complementarias, así como las etapas de Bachillerato e Infantil (0-3), que mayoritariamente no tienen concierto .
En caso de que se eliminara dicha exención, las empresas del sector educativo verían aumentar sus costes, lo que repercutiría, por lo tanto, en las familias. Según cálculos de la CEOE, en función de los realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) la recaudación prevista y, por lo tanto, lo que las familias van a tener que pagar asciende a 1.500 millones de euros al año.
«La voluntad del PSOE de aceptar la propuesta de Podemos de imponer el IVA del 21% a la enseñanza privada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, puede suponer el golpe definitivo a la libertad de enseñanza . Hasta ahora la enseñanza dispone de exención por su condición de servicio esencial, análogamente a lo que sucede en todos países de la Unión Europea. Esta medida no solo afectaría a los centros totalmente privados, sino también a los concertados con niveles sin financiación (Bachillerato, Infantil en el tramo 0-3) así como todas las actividades complementarias y extraescolares», señala Luis Centeno , secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la patronal más grande de la concertada en España.
En el curso 2017-2018 el alumnado del sistema educativo asciendía a 10.814.764. De ellos, 8.182.396 (75,7%) alumnos cursaban enseñanzas de régimen general no universitarias, 1.583.025 (14,6%) en enseñanza universitaria, 806.511 (7,5%) en enseñanzas de régimen especial y 242.832 (2,2%) en enseñanzas de carácter formal de la oferta de educación de adultos. Del total, el 67,2% del alumnado de enseñanzas de régimen general no universitarias están escolarizados en centros públicos, el 25,6% en enseñanza concertada y el 7,2% restante en enseñanza privada no concertada.
Educación ha señalado a este periódico que «en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional esto no está ni ha estado sobre la mesa en ningún momento».
El incremento del coste será soportado por las CC.AA
El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que “a la hora de considerar la eliminación del beneficio fiscal, también hay que tener en cuenta su impacto en los presupuestos de los diferentes niveles de gobierno. El incremento de la recaudación se repartiría prácticamente por partes iguales entre las comunidades y el Estado, debido a que en el actual sistema de financiación autonómica (SFA) la recaudación del IVA se encuentra cedida en un 50% . Sin embargo, el incremento en el coste de provisión sería íntegramente soportado por las comunidades autónomas , ya que las competencias sanitarias y educativas están transferidas. En el caso de las comunidades autónomas de régimen foral, ambos efectos repercutirían en sus presupuestos”.
Lo mismo quieren hacer en la «Ley Celaá»
Como ya lo han demostrado a través de las enmiendas al proyecto de ley educativo que está tramitándose en el Congreso, el Gobierno pretende modificar el artículo 15 sobre « Oferta de plazas y gratuidad », con el siguiente objetivo: las administraciones « incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años». Esto conduce a que haya una mayor cantidad de plazas públicas sobre concertadas y al hecho de que un niño que empieza en esta etapa en un centro público tiene menos posibilidades de cambiar posteriormente a uno concertado. Además, añaden en la enmienda: «las administraciones educativas promoverán la existencia de centros públicos que incorporen la educación infantil con otras etapas educativas posteriores».
