La Generalitat impone que los navegadores «hablen» solo en catalán
Los productos que expanden las máquinas de bebidas de hospitales, museos y teatros deberán también estar etiquetados en la lengua autonómica
El año 2020 arranca en Cataluña con nuevas imposiciones lingüísticas. Esta vez, el rodillo del catalán llega a la tecnología digital . La Generalitat aprobó en noviembre un nuevo acuerdo para la contratación pública que exige, entre otras medidas, que los navegadores de los vehículos adquiridos por el gobierno catalán, a partir de este año, hablen exclusivamente en la lengua autonómica. El convenio, que recoge gran parte de las reivindicaciones de la Plataforma per la Llengua (la ONG del catalán que espía a los alumnos en los patios), comportará, asimismo, que los dispositivos tecnológicos como los servicios de asistencia de voz y todos los productos distribuidos por las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en instalaciones dependientes de la administración catalana (hospitales, museos, teatros...) estén etiquetados al menos en la lengua autonómica.
El pacto especifica que «solo se permitirá no cumplir estos requisitos de manera excepcional si no existen en el mercado productos o servicios disponibles en catalán». En este caso, la normativa obliga a que en estos supuestos «se deberá especificar siempre la causa en la propuesta de adjudicación».
El acuerdo, aplicable a partir de este año, establece que «el catalán sea la lengua de funcionamiento de las pantallas digitales y los elementos de asistencia de voz de los productos y servicios tecnológicos contratados por la Generalitat, así como de los manuales de instrucciones y las informaciones de difusión que acompañen estos productos y servicios». Asimismo, aclara que «en el caso de productos o servicios que integran tecnología digital y se dirigen a la resolución de incidencias y a la atención de personas que son clientes y usuarios, la información debe estar, al menos, en la lengua autonómica, tanto oralmente como por escrito, sin perjuicio de que esté también en otras lenguas como en castellano o inglés». En el caso de los navegadores de vehículos y dispositivos digitales, el catalán no debe ser una opción sino que debe venir configurado por defecto cuando lo adquiera la Generalitat.
«Deber de catalanización»
Respecto a los productos distribuidos en máquinas de venta contratadas por la Generalitat o a través de las empresas concesionarias, éstos deben tener el etiquetado «al menos en catalán». Esto incluye «máquinas de bebidas, alimentos, etc., ubicadas en los Ferrocarriles de la Generalitat, hospitales, museos, teatros, estaciones de esquí, dependencias del Govern...». Y los textos y la cartografía incluidos en los servicios contratados han de utilizar la toponimia oficial de Cataluña.
Por otro lado, el pacto, establece que «las empresas contratistas, en la ejecución del contrato, deberán garantizar que se pueden relacionar en catalán con los órganos contratantes y con las personas que son sus clientes o usuarios». «De este modo, la persona que asuma estas funciones debe tener el nivel de competencia suficiente para desarrollar las tareas de atención, información y comunicación de manera fluida y adecuada en lengua catalana».
La ONG del catalán celebra el acuerdo del Govern, aunque le exige su cumplimiento. En este sentido, aclara que pese a los pactos alcanzados en este ámbito «a día de hoy se han registrado reiterados incumplimientos en las contrataciones recientes por parte de la Generalitat». La entidad, que lleva años fiscalizando el uso del catalán en diferentes ámbitos y presionando a la Administración y a los diferentes organismos oficiales para que cumplan con la inmersión, acusa al Govern de no cumplir con su deber de catalanización en algunos ámbitos. Lo hace, según expone, tras demostrar en un informe, realizado en diciembre de 2018, que «a menudo los productos expedidos en bares, restaurantes, hospitales, dependencias de la consejería de Cultura y del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, esquivan la normativa sobre el uso del catalán». La Plataforma per la Llengua comunicó, según detalla, estas incidencias al Govern, «así como los reiterados incumplimientos en la contratación de vehículos para la policía, agentes rurales, sanitarios,...».
