La Generalitat de Cataluña grava a las nucleares con un impuesto por radiactividad
El Ejecutivo catalán pretende recaudar unos 60 millones de euros anuales con este nuevo gravamen
El impuesto nuclear que la Generalitat de Cataluña quiere implantar desde este año no hace más que legitimar la continuidad de las centrales. Así lo denuncian Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que lamentan que la medida constata que la prioridad del Gobierno catalán no es cerrar sus plantas y que exigen que el gravamen tire adelante solo si está vinculado a su cierre.
La Generalitat ha incluido en sus proyecto de presupuestos -todavía pendientes de aprobación - un nuevo impuesto ambiental a las centrales nucleares catalanas con el que prevén recaudar 28,29 millones en 2017 y que, de manera ordinaria, se puedan conseguir anualmente unos 60 millones. La iniciativa, que afectaría a las centrales de Vandellòs y Ascó (ambas en Tarragona, a tan solo 36 kilómetros de distancia) es pionera a nivel estatal.
Esta es la segunda propuesta de impuesto que el gobierno catalán prepara para las nucleares. La primera gravaba específicamente en función de la producción y fue tumbada por el Tribunal Constitucional (TC) al argumentar que ya existía una legislación estatal similar. Ahora se ha reformulado la medida y el impuesto será «sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos».
La medida supone «el reconocimiento por primera vez del Gobierno catalán de la peligrosidad y el riesgo para las personas», incidieron los antinucleares en un comunicado en el que apuntaron que este tributo « sólo es aceptable si va ligado a la no renovación de los permisos de Ascó y Vandellós » y en el que tildaron de «ruin y perverso» que se esté aceptando una actividad que puede ser perjudicial.
«Admiten sus efectos»
«Si contaminan, y además la Generalitat lo está admitiendo, lo que se tiene que hacer es exigir un calendario sobre su cierre», explica a ABC Eloi Nolla , el coordinador del área de energía de Ecologistas en Acción. A su parecer, «en cierta manera es una buena noticia» este reconocimiento. «Es un paso adelante en cuanto a sensibilidad pero hace falta más clarificación de futuro», comenta.
Nolla también recuerda los avances del Gobierno catalán por controlar mejor la seguridad de estas centrales, con puntos de detección radiológica y estudios epidemiológicos, aunque pide más esfuerzos y recuerda que «casos como los de Fukushima o Chernóbil dan suficientes elementos como para afirmar que las centrales nucleares no son seguras». « Una catástrofe de estas características tiene consecuencias gravísimas », sentencia tajantemente.
Otro aspecto que ha indignado a la plataforma es que la recaudación acabará recayendo en los bolsillos de los usuarios . «Las empresas ni notarán el impuesto y eso repercutirá en las facturas de los usuarios. Hecha la ley, hecha la trampa y más, en un mercado liberalizado», apunta Nolla.
Por todo ello, la entidad exige a la Generalitat concreción sobre si apuesta o quiere cerrar las centrales nucleares. Los permisos de vigencia de las plantas catalanas, que se van renovando cada diez años, terminan en 2020 y 2021. Ecologistas en Acción lamenta que cuando se pusieron en marcha se habló de que tenían una vida útil de unos 30 años y, con el paso del tiempo, se ha ido comentando que podían estar operativas hasta los 60 años.
Incidencias continuadas
A esta situación, se suma el hecho de que, según la plataforma, las plantas catalanas son las que más incidencias arrastran de todo España. Ascó tiene dos grupos, abiertos en 1984 y 1987, mientras que Vandellòs tiene uno, estrenado en 1989 después de que cerrara la antigua planta.
Nolla recuerda que la de Vandellòs, a pesar de ser la más nueva, es la que está dando más problemas -se ha tenido que cambiar todo su sistema de refrigeración-, aunque Ascó también acumula episodios críticos. Una fuga de partículas radioactivas conllevó una querella, que todavía está pendiente de juicio.
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