Diligencias penales
Fiscalía eleva a 86 las residencias investigadas por la gestión del coronavirus
Mantiene vivas 121 diligencias civiles para proteger derechos en los geriátricos, de las que 50 están abiertas en Cataluña
La Fiscalía General del Estado ha elevado a 86 las residencias que están siendo investigadas en diligencias de índole penal por la posible comisión de hechos delictivos en la gestión de la pandemia, según ha informado este martes el departamento que dirige Dolores Delgado.
La pasada semana se ofreció un primer balance de actuaciones que cifraba en 38 los centros investigados por la presunta comisión de un elenco de delitos que van desde el abandono y el maltrato hasta las lesiones o el homicidio por imprudencia. En total, en España existen en torno 5.457 residencias públicas y privadas.
En la nueva actualización de las cifras se computan ya 86 centros en el punto de mira de las fiscalías provinciales y autonómicas, en la mayoría de los casos por denuncias de familiares, trabajadores, asociaciones y los propios usuarios.
Cerca de la mitad de estas investigaciones de índole penal, un total de 40, están en la Comunidad de Madrid, mientras son veinte las investigadas en Cataluña (18 en Barcelona y áreas, una Lérida y otra en Tarragona).
Constan asimismo, siete en Castilla y León (una investigada por la Fiscalía de la comunidad, otra en Soria, una en Salamanca, una en León y tres en Valladolid); otras cinco en Galicia (una de la fiscalía autonómica, dos en Orense, otra en Lugo y otra en Pontevedra); e igual cifra en Castilla-La Mancha , (uno en Albacete, tres en Ciudad Real y uno en Toledo) y Extremadura (una a cargo de la fiscalía autonómica, dos de Cáceres y dos de Badajoz).
Aragón (un caso en Zaragoza), Canarias (Arrecife-Puerto del Rosario), Cantabria y La Rioja completan el recuento, sin que actualmente haya diligencias fiscales de este tipo abiertas en el resto de comunidades autónomas.
Protección de derechos en la vía Civil
En paralelo, son 126 las diligencias fiscales civiles que se han abierto en diversos centros residenciales . Este tipo de expedientes se incoan en la función «tuitiva» del Ministerio Público de garantizar derechos individuales o colectivos y pueden ser de oficio o instados por peticiones expresas de intervención .
«Estas diligencias, abiertas en las Fiscalías Provinciales y las Fiscalías de las Comunidades Autónomas, tienen diversos objetos; de un lado, recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas , además de mantener el seguimiento de su evolución; de otro, resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito«, añade este departamento.
El grupo más amplio de expedientes se este tipo está en Cataluña, con un total de 50 abiertos , seguida en número pero de lejos por Castilla y León, que suma 15; Galicia con 11 y Andalucía con 10.
Nueve de las diligencias civiles están vivas en la Comunidad Valenciana , ocho en Castilla-La Mancha y siete en Extremadura. En Madrid se cuentan un total de cuatro, y tiene por detrás a Aragón, con tres investigaciones de este tipo, y Canarias, con dos . En el resto de las comunidades autónomas a excepción de Baleares y Asturias, donde no hay ninguna incoada, consta un expediente vivo.
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