La falta de acuerdo político retrasa el toque de queda y da alas a las comunidades para restringir la movilidad
Las regiones empiezan a limitar la movilidad nocturna sin esperar al Gobierno, que lo ve útil para frenar el virus pero que alega falta de consenso
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Existe consenso en que la aplicación de un toque de queda, como forma de limitar la movilidad nocturna, sería una medida necesaria para controlar la transmisión del virus. No obstante, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado ayer se expresaron posiciones diversas sobre su aplicación que impidieron que la medida fuese adoptada. Existen dudas sobre cómo y dónde aplicarlo. Dudas jurídicas y políticas que están lastrando la aplicación de una medida que en opinión de la mayoría de administraciones sería necesaria a la vista de la escalada de contagios, que registraron ayer su pico más elevado desde que empezó la pandemia. Cerca de 21.000 en un solo día.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció en rueda de prensa al término de la reunión y manifestó «muchísima preocupación» por los datos de contagios , reconociendo que «existe transmisión comunitaria en varias partes de nuestro territorio».
Según Illa, por ahora solo Castilla y León ha solicitado formalmente y por escrito aplicar restricciones a la movilidad nocturna. La Comunidad Valenciana lo hizo durante la reunión. Sin embargo, y ante la falta de acuerdo, su presidente, Ximo Puig, anunció ayer que tomaba medidas para limitar la movilidad en su territorio entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Una medida que se aplicaría hasta el 9 de diciembre.
La Junta de Castilla y León también se plantea aprobar un toque de queda unilateral tras considerar que la actuación del Gobierno en la reunión de ayer ha sido «irresponsable ». Su vicepresidente, Francisco Igea, consideró «inaceptable» la inacción del Ejecutivo y subrayó que lo que se hizo ayer en el Consejo Interterritorial «es todo lo contrario a transmitir la gravedad de lo que está ocurriendo». La misma restricción también tomará la Junta de Andalucía para Granada, que al igual que la Comunidad Valenciana está a la espera del aval del Tribunal Superior de Justicia. Estas decisiones ponen de manifiesto el hartazgo que existe por la lentitud en la toma de decisiones. Hasta el punto de fomentar decisiones unilaterales de gobiernos regionales.
Sin un marco claro
Se sigue echando en falta un marco jurídico claro que permita a las regiones actuar con garantías y que no obligue al recurso del estado de alarma. «No podemos estar así. Necesitamos un marco normativo general que nos permita a las comunidades autónomas tomar decisiones en función de nuestra situación epidemiológica sin estar suplicando para que los jueces no nos tumben las medidas», se lamentaba ayer un presidente autonómico socialista en conversación con ABC.
Y es que el conflicto es jurídico. Porque el Gobierno sigue interpretando que para adoptar esta medida «con carácter general» es necesario la aplicación del estado de alarma. Ayer lo volvió a manifestar el ministro de Sanidad. Illa aseguró que «vamos a seguir valorando esta medida». Y sobre el encaje jurídico volvió a insistir en que desde el punto de vista del Gobierno se insiste en que «el instrumento óptimo es el estado de alarma» para poder hacerlo «con carácter generalizado». «Hemos convenido que merecía la pena seguir madurando la decisión», dijo Illa.
Son varias las regiones que se han interesado por la aplicación de esta medida. Y el propio Gobierno considera necesario el toque de queda. Fernando Simón reconoció que «es una medida que puede ayudarnos realmente» porque «la transmisión se produce en unos ambientes muy concretos» y que «limitar la movilidad nocturna podría favorecer mucho el control de la transmisión». Sin embargo, Illa explicó que «no hay consenso amplio» en torno al toque de queda y que en ese sentido «vamos a seguir estudiando la medida». El Gobierno tiene clara su utilidad. Y lleva desde el martes insistiendo en que la herramienta para poder aplicarlo es el estado de alarma. Y es entonces donde surge el conflicto en términos políticos. El Gobierno quiere tener en sus manos un informe jurídico inapelable al respecto para poder acelerar la decisión.
Buscar el consenso
Desde varias autonomías se traslada la idea de que «lo que falta» es un acuerdo con Pablo Casado. «Falta el apoyo claro del PP al estado de alarma. El Ministro no quiere tener que estar negociándolo cada 15 días», manifiestan desde una presidencia autonómica. «Saben que el PP y sus regiones no apoyan de antemano el estado de alarma. Quieren un informe jurídico que sea incontestable», aseguran desde otra. «Existe una clara mayoría a favor. La duda es el instrumento jurídico», aseveran desde un tercer gobierno regional. En este punto se encuentra, especialmente, el conflicto en el caso concreto de la Comunidad de Madrid.
No obstante, existen también cuestiones de enfoque diferenciadas, dentro del consenso general sobre el toque de queda. Mientras la Comunidad Valenciana ha decidido actuar sin esperar a que exista un acuerdo, algo que ayer no agradó a varias comunidades, otras ponen por delante la defensa y la utilidad de que la aplicación debe ser en toda España, como Castilla-La Mancha. Andalucía defendió la medida pero centrando su ámbito de aplicación a Granada y su área metropolitana. Salvo las regiones insulares, ninguna región ha cerrado la puerta a la aplicación de la medida, pero quieren clarificar cómo adoptarla. Algunas piden medidas previas, como País Vasco. Que al igual que Cataluña recela del papel que el Gobierno central pueda cumplir vía estado de alarma.
Este importante desacuerdo nubló el hecho de que el Consejo Interterritorial aprobase ayer, solo con la abstención de País Vasco y Madrid, un nuevo marco de indicadores para el conjunto del país con cuatro niveles de alerta en el que el riesgo alto y extremo, que incluye una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de más de 250 casos por 100.000 habitantes, contemplaría la recomendación de no salir del domicilio y el cierre de todo establecimiento no esencial a las 23 horas. En todos los niveles de riesgo se cierra el ocio nocturno.
