Extremadura suma el apoyo de doce autonomías para flexibilizar la relación de naturaleza y urbanismo
Piden al Gobierno modificar la legislación nacional tras el fallo sobre el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas
Tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a demoler por completo el resort de lujo extremeño Marina Isla de Valdecañas , con un coste estimado de 145 millones, Extremadura ha abierto un debate urbanístico al que acaba de sumar a otras doce comunidades autónomas de diferente signo político. Piden al Gobierno una modificación legislativa para que en zonas de especial protección medioambiental se permita un desarrollo socioeconómico sostenible, así como la simplificación de los procedimientos urbanísticos.
Lo han hecho mediante la firma de un manifiesto hecho público esta semana, en el que critican que la normativa territorial y urbanística «se está volviendo insegura y frágil» , con una gran complejidad técnica y jurídica e innumerables informes sectoriales. Lo refrendan Extremadura, Galicia, País Vasco, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla.
«En los últimos años se ha incrementado de forma exponencial en España los casos de nulidad del planeamiento territorial o urbanístico debido a vicios formales», dice el manifiesto, que continúa criticando que la jurisprudencia del Supremo sostiene que la nulidad del planeamiento no admite subsanación , convalidación o conservación de trámites. «Es muy habitual y, lamentablemente, cada vez más frecuente que, tras años de tramitación, la omisión de algún requisito procedimental fácilmente subsanable ponga fin a años de esfuerzo colectivo». Por ello, piden una reforma que acabe con la «nulidad radical» de los planes de ordenamiento y que simplifique y agilice los procedimientos.
Además, los largos periodos de tiempo que transcurren entre los planteameintos urbanísticos y la sentencias que los anulan, en algunos casos de hasta 30 años, tampoco ayudan a la seguridad jurídica. Es «incompatible con alcanzar los objetivos de bienestar socioeconómico y calidad de vida», alegan.
Sin progreso
El texto hace una especial mención al caso de la Marina Isla Valdecañas, un proyecto ideado con 565 villas, dos hoteles de 4 y 5 estrellas, zona de piscinas y una playa artificial que en su apogeo logró atraer el interés de los Aznar-Botella, Beltrán Gómez-Acebo o Jaime López Ibor. Tras casi 15 años en los tribunales, tendrá que ser demolido por completo al emplazarse en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) , según la sentencia.
«Debido a la existencia de zonas LIC, ZEC o ZEPA muy extensas que abarcan términos municipales completos», dicen ahora las comunidades firmantes, aplicar sin matices y automáticamente la protección al suelo, «limitaría de forma grave las posibilidades de desarrollo y progreso socioeconómico de esos municipios». Piden que, en estas zonas, haya proyectos compatibles con la protección medioambiental.
«No puede ser que una residencia geriátrica demandada por los ciudadanos no se pueda construir en un pueblo porque está en una zona ZEPA», dijo el pasado martes el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González. Según él, es algo que ya ocurre.
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