Expertos piden una renta básica para frenar el aumento de la pobreza y la desigualdad en España
«Vivimos en una sociedad en la que hay problemas para los que las viejas soluciones no valen», explica Jordi Sevilla, economista y exministro de Administraciones Públicas
España se enfrenta a una realidad ante la que es necesario reformar en profundidad el sistema de protección social . Esta es una de las conclusiones del informe «Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica» publicado por el Observatorio Social de «la Caixa» y presentado este miércoles. La solución para esta tendencia, según los expertos que han participado en el documento, sería una renta básica universal para reducir las desigualdades sociales.
Dirigido por el economista y exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, el informe pone de manifiesto que los dos pilares del estado del bienestar «han saltado por los aires» y es «urgente» tomar medidas. «Ahora estamos haciendo frente a retos enormes con instrumentos diseñados hace casi un siglo y ante nuestros ojos se extiende un panorama para el que será necesario un nuevo modelo de formación y de educación, de protección social, de empleo y del estado del bienestar», ha asegurado Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria «la Caixa».
Un ejemplo que «evidencia» -según Sevilla- que las soluciones no son capaces de resolver los problemas actuales es el de la pobreza infantil. «La ayuda por hijo prevista en la Seguridad Social española no evita que tengamos una tasa de pobreza infantil tan elevada», explica el exministro. Y es que la presencia de niños en los hogares incrementa el riesgo de pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, cuatro de cada diez domicilios en los que hay un adulto con uno o más niños dependientes se encuentran en riesgo.
En cuanto a la desigualdad fiscal, los expertos coinciden al señalar que las transferencias sociales en España tienen una orientación relativamente ineficiente . Los datos del coeficiente de Gini muestran que España se sitúa en la media europea en desigualdad de ingresos, pero la diferencia es mayor después de aplicar los impuestos y las transferencias correspondientes. Por esto los autores del informe señalan que el sistema fiscal español es uno de los que menos redistribución genera.
El gasto social en España es del 24,7% del PIB; cinco puntos inferior a la media europea. Además, el esfuerzo público dedicado a protección social se sitúa en un «escaso» 16,8% del PIB, por debajo de la media de la eurozona (20%), de Grecia (20,7%), Francia (24,4%) e Italia (21,1%), indica el informe.
Crédito fiscal universal
La propuesta de Jordi Sevilla, recogida en el documento , es la de un crédito fiscal universal, es decir, un mínimo ingreso vital que se convierta en una renta garantizada que asegure el mínimo nivel de ingresos necesario para satisfacer las necesidades más básicas de todo individuo. La idea del economista consiste en que todos los ciudadanos tendrían la obligación de presentar su declaración de la renta y si estuvieran por debajo del mínimo vital, el Estado les devolvería la diferencia. En caso contrario, deberían pagar.
Así, según Sevilla, «acabaríamos con las grandes diferencias entre las prestaciones y transferencias y con la falta de lógica que supone tener prestaciones por debajo de un mínimo de subsistencia». Para llevar a cabo esta propuesta se debería determinar un nivel mínimo de renta garantizada igual para todos , fijar una tarifa y su escala de gravamen, calcular la cuota del impuesto y restar la renta mínima a la cuota.
De los 22 millones de activos, son cerca de 18 millones de personas las que presentan la declaración de la renta
El sistema actual «excluye a ciertos colectivos sociales que no presentan declaración de la renta y que suelen ser personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Estas personas no se benefician de los gastos fiscales otorgados por el estado», señala Sevilla. El economista detalla que de los 22 millones de activos, son cerca de 18 millones de personas las que presentan la declaración de la renta por lo que hay muchas personas que se quedan fuera del sistema .
Según su propuesta, el mínimo vital sería de unos 5.500 euros anuales . A esto deberían sumarsele cantidades relacionadas en caso de tener hijos, ser mayor de 65 años, o por discapacidad del contribuyente.
Pero no es la única idea que recoge el informe. «Los artículos estudian sistemas de protección social basados en rentas que se hacen efectivas. Las fórmulas van desde políticas y transferencias condicionadas a ciertas situaciones sociales o a ciertos niveles de renta hasta pensiones no contributivas o la renta básica universal», indica Giró.
Además de Sevilla han participado en el documento José Moisés Martín Carretero , profesor de Economía y Emprendimiento en la Universidad Camilo José Cela; Ana Berenguer , vicepresidenta de Análisis y Estudios del Equipo de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Nueva York; José Antonio Noguera , de la Universidad Autónoma de Barcelona; Belén Santa Cruz Díez , economista y periodista; Daniel Raventós , presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona; J. Ignacio Conde-Ruiz , de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y la Universidad Complutense; Luis Ayala Cañón , de la Universidad Rey Juan Carlos; Milagros Paniagua San Martín , de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal; y Manuel Alejandro Hidalgo Pérez , del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Aun así, el documento apuesta por la renta básica y destaca que los cinco motivos que sostienen el debate de esta prestación son el fracaso de subsidios condicionados, que el trabajo asalariado no es garantía de salvarse de la pobreza, que han proliferado experimentos sobre la renta básica, la mecanización y sustitución de muchos puestos de trabajo y unas condiciones de vida y de trabajo cada vez peores.
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