La Ley de Evaluación Ambiental del tripartito de Baleares nace con polémica
La nueva norma permite que los turistas puedan acceder al mar por zonas consideradas hasta ahora de exclusión, posibilidad que rechazan o cuestionan las organizaciones ecologistas
El Parlamento balear aprobará el próximo jueves, en un pleno extraordinario, la Ley de Evaluación Ambiental, que entre otras medidas prevé regular el paso por las llamadas zonas de exclusión , es decir, por aquellos espacios protegidos de titularidad privada en los que a partir de ahora se permitirá el paso de un determinado número de personas, con el objetivo de que puedan por ejemplo acceder al mar. Entre las propiedades afectadas por ese cambio legislativo se encuentra la finca de Ternelles —propiedad de la familia March—, situada en la localidad mallorquina de Pollença.
La nueva ley fue promovida meses atrás por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos, que son las tres formaciones que hace un año suscribieron el pacto de gobernabilidad que permitió que la socialista Francina Armengol pasase a ser la nueva presidenta del Gobierno autonómico, en sustitución del popular José Ramón Bauzá.
Cabe recordar que las llamadas zonas de exclusión fueron fijadas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Tramuntana, que fue aprobado a principios de 2007 por el Ejecutivo que entonces presidía el popular Jaume Matas. El PORN prohibía o limitaba enormemente el paso de turistas o visitantes por las propiedades privadas consideradas de gran valor medioambiental.
Una de las fincas incluidas en el PORN fue la de Ternelles. Con anterioridad a la aprobación del citado plan de Matas, la familia March y el Ayuntamiento de Pollença llevaban ya un tiempo pleiteando acerca de si era posible o no el paso de turistas o excursionistas por uno de los caminos de la finca para poder acceder al mar, en concreto a la Cala Castell .
Varias sentencias del Tribunal Supremo determinaron la titularidad privada del camino afectado, pero al mismo tiempo reconocieron el derecho de paso por el mismo con diversas prescripciones, por ejemplo un máximo de 20 personas por día . Los contenciosos judiciales no acabaron aquí, pues en septiembre del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) determinó que el derecho de paso para poder acceder a la Cala Castell debía anularse. Según el TSJIB, el camino que conduce a dicha cala está ubicado en la zona de máxima protección plasmada en el PORN. Por su parte, el Ayuntamiento de Pollença ha recurrido ya ante el Tribunal Supremo esta última sentencia del TSJIB.
En ese contexto, el Ejecutivo autonómico aprobó en abril de este año el proyecto de ley de Evaluación Ambiental, que es el que se aprobará el próximo jueves y que permitirá, entre otras medidas, que se vuelva a la situación previa a la sentencia del TSJIB dictada hace diez meses. Por tanto, volverá a ser posible el paso de turistas por la finca de Ternelles para llegar hasta la Cala Castell.
Al haber sido impulsada dicha ley por el PSOE, MÉS y Podemos, podría pensarse que durante su tramitación ha contado con el beneplácito de las organizaciones ecologistas de Baleares, pero no ha sido así. La Fundación Vida Silvestre Mediterránea, por ejemplo, presentó semanas atrás una queja ante la Unión Europea , al considerar que la nueva ley «rebaja la protección ambiental en Mallorca» y pone además en peligro la supervivencia del buitre negro y de otras especies.
Por su parte, la principal organización ecologista del Archipiélago, el GOB, considera que con la nueva ley se rebaja el grado de protección del conjunto de las zonas de exclusión «para solucionar el problema» de Ternelles, algo que es considerado «tan arbitrario como la limitación injustificada que se aplicó en 2007». En ese sentido, el GOB pide al actual Govern que modifique el PORN y que, al mismo tiempo, desista de rebajar de forma general el grado de protección de las zonas de exclusión.
Desde la Consejería de Medio Ambiente se señala, en cambio, que con la nueva ley no se rebajará el grado de protección y que en realidad lo que sucederá será «todo lo contrario». Desde el Gobierno balear se destaca, en ese sentido, que el paso por las zonas de exclusión se regulará con permisos , por lo que no se tratará de un acceso libre o fuera de control. Aun así, la polémica por la aprobación de la Ley de Evaluación Ambiental parece tener garantizado, al menos de momento, un largo recorrido.
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