Eutanasia y LGTBi, los polémicos retos sociales del Gobierno de Sánchez
Dos proyectos de ley se están tramitando en el Congreso y pueden ver la luz en el curso político que se inicia en septiembre
El nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez iniciará el curso político parlamentario a partir de septiembre con grandes temas sociales, que necesitarán un amplio consenso para salir adelante.
La minoría parlamentaria que tiene el Grupo Socialista, 84 diputados , obligará al Ejecutivo a pactar con la izquierda radical y con los nacionalistas. Enfrente se encontrará un bloque integrado por PP, Ciudadanos y PNV, que pueden impedir que estas leyes salgan adelante.
Estos son los proyectos de ley que se encuentran ahora en trámite parlamentario:
Eutanasia
Uno de los temas más complejos es la futura ley de eutanasia. El Congreso ha tomado en consideración dos proposiciones de ley: una del Parlamento de Cataluña y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Las dos se encuentran en trámite de enmiendas hasta el próximo 4 de septiembre, aunque probablemente este plazo se ampliará.
La iniciativa catalana propone modificar el apartado cuatro del artículo 143 del Código Penal y el objetivo es que queden exentos de responsabilidades los que, «de manera indirecta o cooperando», ayuden a morir de manera «segura, pacífica y sin dolor» a una persona que lo pida de forma «expresa, libre e inequívoca».
La propuesta socialista va más allá y quiere que la eutanasia sea un derecho en la sanidad , que sea el paciente el que lo solicite, aunque la decisión final será del facultativo y de una comisión de evaluación.
Estos dos proyectos se tramitarán conjuntamente .
LGTBi
La polémica Ley LGTBi presentada por Podemos y que está ahora en fase de negociación de enmiendas es uno de los proyectos sociales que está más avanzado. Al mismo se han presentado 1.144 enmiendas y el Grupo Popular llegó a presentar una a la totalidad, que fue rechazada.
Podemos tendrá que rectificar el texto original ya que el informe de los letrados de la Cámara Baja asegura que vulnera 23 artículos de la Constitución y otros 14 contradicen leyes como la de Enjuiciamiento Criminal, Protección Jurídica del Menor, Estatuto de los Trabajadores o la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Unode los aspectos más cuestionados es que quiere que los menores de 16 años puedan someterse a tratamientos de cambio de sexo sin permiso de los padres.
Muerte digna
Paralelamente a la ley con la que se quiere despenalizar la eutanasia, Ciudadanos se encuentra en la fase final de negociación de su ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida.
El acuerdo se ha complicado y los grupos no logran consensuar un texto común para que pueda ser aprobado por el Pleno del Congreso. Al texto de la formación de Albert Rivera se han presentado 160 enmiendas.
Ciudadanos ha incluido la objeción de c onciencia médica y un capítulo de sanciones para quién no cumpla la ley.
El principal escollo de la negociación es que el PSOE rechaza las sanciones y quiere que solo se apliquen las que contempla la Ley General de Sanidad. Igualmente, el PP quiere que se recoja de alguna manera la denominada «lex artis» , o lo que es lo mismo, que aunque se respete la voluntad del paciente para recibir sedación «siempre se tenga en cuenta el código deontológico del médico».
Cambio de sexo en el Registro
El Congreso aprobó la toma en consideración de una Proposición de Ley del PSOE para permitir que los menores de 16 años puedan cambiarse de nombre y de sexo en el registro sin tener que aportar informes médicos. A los mayores de 16 años se intenta que puedan llevar a cabo estas modificaciones sin permiso paterno.
Igualdad de trato y no discriminación
El PSOE presentó una Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que se encuentra ahora en fase de enmiendas. El objetivo es prevenir y eliminar todas las formas de desigualdad y reparar el daño de las víctimas.
Los socialistas plantean la creación de una autoridad independiente para que actúe de oficio contra la discriminación. Igualmente, podrá ejercer acciones judiciales en defensa de la igualdad de trato.
El texto recoge un régimen de sanciones e infracciones, con el objetivo de que tenga un «carácter pedagógico» y sea el instrumento para el «cambio de actitudes».
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