«La eutanasia no es progresista ni es un derecho humano»
Después de un mes ingresado por Covid-19, el obispo de Ávila reivindica que todos los enfermos reciban los cuidados paliativos que necesitan
espués de más de un mes en el hospital a causa del Covid-19, el obispo de Ávila, monseñor José María Gil Tamayo, da por superada la enfermedad. «Los médicos están sorprendidos por mi evolución», comenta a ABC. Ya han pasado casi cinco meses desde que recibió el alta, pero el prelado tiene aún muy cercano el recuerdo de aquellos largos días en el hospital. Sobre todo no olvida la entrañable llamada que recibió del Papa Francisco. «Fue un día después de que me ingresaran. Me dijo: “Tú dí que no tienes permiso para marcharte”. Desde entonces cada día creo más en el poder de las llaves de San Pedro», bromea.
Toda esta experiencia ha ahondado su preocupación por la ley de eutanasia, que esta semana ha conseguido dar un paso más en su tramitación parlamentaria. Para el obispo, este «mal llamado derecho a morir no es el camino por donde deberíamos avanzar», ya que cuando «no se puede curar siempre se puede cuidar».
Han pasado ya varios meses desde que salió del hospital después de estar ingresado por Covid-19, ¿cómo se encuentra ahora? ¿la enfermedad le ha dejado alguna secuela?
Deja secuelas conocidas de las que me voy liberando, sobre todo pulmonares, pero estoy muy bien. Los médicos están asombrados. Estoy haciendo vida normal, ya lanzado en la diócesis con las tareas ordinarias de un obispo. Sobre todo empujando y animando en esta situación.
Con los rebrotes del Covid-19, algunas autonomías han vuelto a reducir el aforo en los templos, ¿teme que el culto se pueda ver afectado por esta situación?
Creo que tenemos que hacer un ejercicio de ciudadanía pero el ejercicio de ciudadanía exige jerarquizar derechos y el primero es el de la vida, pero también el de la libertad religiosa. De la armonía del ejercicio de los derechos sale una justa convivencia y eso es
beneficioso para todos. Tenemos que seguir ciertamente las pautas que las autoridades nos dan, pero la dimensión religiosa, que está en el fondo de la libertad religiosa como derecho fundamental, no es un asunto para confinarlo permanentemente en la vida privada. También tiene una manifestación social y pública, que han de ser ejercitada con respeto. Debemos respetar las normas que establezcan las autoridades, pero, en reciprocidad, las autoridades deben considerar esta dimensión religiosa que es un derecho de las personas.
La pandemia ha provocado una crisis social y económica muy profunda en muchas familias. Una situación que podría empeorar ante una segunda ola del virus, ¿qué es lo que más le preocupa?
Como en los desastres naturales, los más perjudicados siempre son los pobres, los más desvalidos, los inmigrantes, la gente que tiene menos recursos para afrontar circunstancias extraordinarias porque solo viven de un sueldo y a veces ese salario es esporádico. Por eso me parece muy bien que toda la sociedad y el Estado salgan en defensa y amparo de quien más lo necesita. En la Iglesia también estamos preparándonos para esta nueva oleada en lo social y lo económico. Estamos reajustando nuestros gastos para que haya lo suficiente al menos para paliar las necesidades de los más pobres renunciando a obras y planes que estaban previstos para dar prioridad a las personas más débiles. Esa tiene que ser la prioridad para Cáritas y para Manos Unidas también a través de la ayuda internacional, porque la Iglesia es católica y tiene que mirar a esos países donde la pandemia está haciendo más daño porque cuentan con menos recursos.
El Gobierno ha conseguido esta semana sortear en el Congreso el veto de PP y Vox a la ley de eutanasia, que ahora sigue su tramitación parlamentaria, ¿qué sociedad nos traerá este «nuevo derecho a morir» que plantean los socialistas?
Es un derecho de diseño. No hay derecho a morir, hay derecho a la vida. A la vida en su integridad, en todas sus fases y de todas las personas. Y esto tiene que estar en la médula de cualquier organización social, empezando por la familia y terminando por la organización de los estados y la comunidad internacional. No podemos abrir un corredor de la muerte clínica legalizado yendo contra los principios básicos de la ética médica y del instinto de la persona a la supervivencia. Lo que tenemos que hacer es poner los medios cuando ya no se puede curar para cuidar. Para eso están los cuidados paliativos y por eso es necesario derivar allí todas las ayudas posibles para que las personas puedan vivir el tiempo que les quede en las mejores condiciones y rodeadas de los suyos. Ese es el camino sobre el que deberíamos avanzar. El derecho a la muerte no es un derecho progresista ni es un derecho humano. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental.
Hace unos años durante el debate de la ley del aborto se planteó en el Congreso ayudas a las madres embarazadas. Esta semana se pidió garantizar a todos los enfermos que lo necesiten el acceso a los cuidados paliativos. Ninguna de las dos opciones han salido adelante, ¿a qué atribuye usted ese rechazo a apostar con fuerza por alternativas que pongan a resguardo la vida?
Hay una ideología de fondo, una ideología que ha creado unos derechos de tercera generación, absolutamente de diseño y los ha hecho bandera. Ahora se ha asumido también la ideología de género que no es progresista. Solo consagra egoísmos personales o colectivos.
«Hay que retomar el camino de un pacto educativo y no colocar con alevosía una nueva ley que no responde al artículo 27 de la Constitución»
En el Congreso hay otra ley que preocupa mucho a la comunidad educativa: la Lomloe, ¿qué echa en falta en la que será la octava ley educativa de la democracia?
Aquí todos debemos hacer un examen y preguntarnos por qué a estas alturas de la vida democrática en España no hemos conseguido un acuerdo sobre una ley educativa estable, haciendo de ello una cuestión de Estado. En cambio estamos al vaivén de las alternancias políticas y de imprimir unos sesgos ideológicos en cualquier tentativa legislativa. Hay que retomar el camino de un verdadero pacto educativo y no colocar de matute y con alevosía una nueva ley educativa que ciertamente no responde al gran pacto educativo que es el artículo 27 de la Constitución.
El proyecto de ley defiende que la educación pública es el eje vertebrador del sistema educativo, ¿cómo ve la estrategia del Gobierno de enfrentar la escuela pública a la concertada?
Se viene arrastrando un prejuicio ideológico que considera que la enseñanza de iniciativa social no es pública sino privada. La educación de iniciativa social no es un ámbito de enriquecimiento, ni de lucro, sino que surge del derecho fundamental de los padres a la libertad de educación y que, en este caso, está derivado a la Iglesia, que es la mayoritaria en el ámbito de la enseñanza de iniciativa social. Conjugar el derecho básico a la educación supone admitir sin fisuras dos principios: el de la igualdad -todos tienen derecho a la educación- y el de la libertad para poder recibir una educación conforme a las convicciones. No es un derecho otorgado por el Estado, es un derecho natural de los padres y que el Estado debe proteger. Yo he estudiado fundamentalmente en la escuela pública, soy de pueblo y lo que veo es que la educación ha sido un campo contaminado enormemente por la ideología. Eso nos impide llegar a unos consensos y avanzar en algo que es vital para una sociedad democrática y que es la educación de sus ciudadanos.
¿Cree que vamos a aprender algo de esta pandemia? ¿Conseguiremos sacar algo bueno de todo lo que hemos vivido como sociedad?
Creo que el ser humano tiene una capacidad inmensa de recuperación, de reponerse a las dificultades con la ayuda de Dios ciertamente, pero también de su sentido social, de ese sentido de interdependencia de ayudarnos los unos a los otros. Cuando estamos unidos y ponemos como prioridades la defensa de la vida y valores fundamentales de la dignidad humana sin añadidos ideológicos, somos capaces de salir adelante ante todas las dificultades. Y para un creyente siempre con la ayuda de Dios.
