Estos son los puntos más controvertidos de la 'ley Trans' aprobada por el Gobierno
La nueva norma permitirá la autodeterminación de género a partir de los 14 años. Permitirá cambiar de nombre y de sexo en el DNI sin necesidad de informes médicos
No contiene específicamente, por imposición socialista, el término autodeterminación de género, pero la refrenda. Y es lo que ha irritado al feminismo clásico de la órbita del PSOE. Este martes 29 de junio, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Tras un acuerdo entre los socios del Ejecutivo, se permitirá la rectificación de nombre y sexo de las personas trans en el Registro Civil a partir de los 14 años.
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Concluye así una negociación que comenzó el pasado marzo, cuando el Ministerio de Igualdad hizo público el texto que había redactado con el objetivo de «despatologizar al colectivo» y eliminar los trámites que en la actualidad se les exigen para realizar este trámite: informe médico que les diagnostica una disforia de género y tratamiento hormonal durante dos años.
El equipo de Irene Montero recogía en la primera versión de la norma que este cambio en el Registro Civil se podía realizar con el único deseo expreso de la persona interesada en realizar esta modificación. Esta medida no gustó al PSOE, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo , por inseguridad jurídica.
Los socialistas ya mostraron en 2020, en un documento interno del partido, su oposición a la autodeterminación de género por dos cuestiones. La primera porque «desdibujan a las mujeres como sujeto político y jurídico»; y la segunda porque el género «no existe».
«Me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad», señaló Calvo en una entrevista. La vicepresidenta ha encabezado las principales críticas públicas hacia esta norma y defendió, en su lugar, la ley de Igualdad de Trato, conocida como 'ley Zerolo', que impulsa el PSOE en el Congreso de los Diputados de manera paralela.
El Ministerio de Igualdad acusó a su socio en La Moncloa de torpedear la causa, paralizada desde el pasado febrero por Carmen Calvo y el titular de Justicia, Juan Carlos Campo.
El colectivo se ha sentado a la mesa de Moncloa durante estos meses y han arañado un acuerdo para incluir en la norma la autodeterminación a través de un proceso de doble verificación que no puede durar más de cuatro meses. Eso sí, no se hace mención al género.
Tal y como informaron a Europa Press fuentes de Igualdad, el anteproyecto recoge que el proceso para la rectificación registral se iniciará mediante la comparecencia de la persona interesada en el Registro Civil –este paso también se puede hacer online–, en donde se le hará entrega del formulario que recogerá su manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de que se proceda a la correspondiente rectificación.
Se informará de las consecuencias jurídicas
En este documento se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar el que ostente y ello sea conforme a los principios de libre elección del nombre propio previstos en la normativa reguladora del Registro Civil. En esta comparecencia inicial, la persona encargada del Registro Civil informará a la persona solicitante de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida, incluido el régimen de reversión, así como de la existencia de las medidas voluntarias de apoyo que estén a disposición de la persona solicitante a lo largo del procedimiento, incluyendo medidas de protección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato.
Igualmente, pondrá en conocimiento de la persona legitimada la existencia de asociaciones y otras organizaciones de protección de los derechos en este ámbito a las que puede acudir.
En el caso de los menores entre 14 y 18 años, todos los intervinientes en el procedimiento deberán tener en consideración en todo momento el interés superior de la persona menor. El texto indica, en este sentido, que la persona encargada del Registro Civil le facilitará la información sobre las consecuencias jurídicas en un lenguaje claro, accesible y adaptado a sus necesidades.
Plazo de no más de cuatro meses
Tras suscribir la persona solicitante que está conforme, deberá ser citada de nuevo en un plazo máximo de tres meses para comparecer de nuevo en el Registro Civil y ratificar la solicitud, aseverando la persistencia de su decisión.
Firmada y presentada la solicitud se dictará resolución sobre la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia. Es decir, el proceso completo para el cambio de sexo duraría un máximo de cuatro meses.
Las mismas fuentes del Ministerio han destacado la inclusión de medidas en la norma para garantizar los derechos de las personas intersexuales, o que las parejas lesbianas no necesiten estar casadas para aparecer ambas mujeres como madres de un bebé. Además, prohíbe las terapias de recoversión, tal y como destacó ayer Irene Montero.
Organizaciones trans
Este anteproyecto recoge, aunque no completamente, algunas de las medidas que la Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y 'Chrysallis', asociación de familias de menores trans, trasladaron al Gobierno en una reunión que mantuvieron a principios de este mes de junio.
Se propuso como seguridad jurídica a la autodeterminación, establecer un plazo máximo de tres meses para completar el proceso de cambio registral (que en la actualidad es de unos tres años), así como que la autodeterminación fuera posible para menores hasta los 12 años, mientras que los niños con menos edad pasarían por una primera fase de cambio de nombre únicamente. Además, no se oponían a la unión de las dos normas, como proponía el PSOE, siempre que se mantuviera el «nombre de las personas trans por delante» .
Para la Federación Plataforma Trans, en cambio, el Gobierno está «incumpliendo» su acuerdo, que hablaba de desarrollar dos leyes y considera que han «dejando en el limbo a las personas trans» y a los menores, al «excluir» a los de menos de 14 años de la posibilidad de realizar el cambio registral, así como al colectivo de no binarios, o a las personas trans migrantes.
