La ONG que espía en los patios escolares señala ahora a los jueces que desafían al catalán
Apunta a un magistrado, entre otras cosas, por haber defendido que «los derechos lingüísticos son opiniones personales»
Primero fue el «espionaje» en los patios escolares , después los «escraches» en el ámbito sanitario y ahora le toca el turno a la justicia. La ONG del catalán Plataforma per la Llengua pone ahora el foco en los tribunales y señala a los jueces que se plantan ante la imposición de la lengua autonómica.
La entidad, que recibió 3,7 millones de euros del Govern entre los años 2012 y 2018, ha denunciado a un magistrado por «tener una actitud hostil hacia la lengua catalana». Le apunta, entre otras cosas, por haber defendido, según afirma, que «los derechos lingüísticos son opiniones personales» .
Según el relato de la entidad, el magistrado Sergio Escalona «veja y discrimina» a las personas que declaran en catalán en su juzgado por lo que ha anunciado que denunciará los hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tribunal que, según recuerda, ya le amonestó anteriormente por motivos similares.
Los hechos denunciados se remontan, según expone la Plataforma, a finales de octubre cuando tres jóvenes prestaron declaración ante el juzgado de Instrucción número 12 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que está a cargo del juez Sergio Escalona. Según el relato de una de las muchachas, el citado magistrado «interrumpió a su abogado en tono violento porque se expresaba en catalán y le espetó que él no entendía esa lengua».
Derecho reconocido
El letrado de la joven recordó a Escalona que el derecho a usar el catalán está reconocido por el Estatuto catalán y también por el Tribunal Constitucional. A lo que éste respondió, según apuntan los denunciantes, «que eso eran opiniones personales» y les amenazó con suspender la sesión si seguían expresándose en la lengua autonómica.
Durante el litigio, el magistrado recordó «de manera insistente» que «Cataluña es una comunidad autónoma dentro del Estado español» y que, «pese a la cooficialidad de los dos idiomas, no está obligado a entender, hablar o escribir el catalán».
Aunque la normativa actual reconoce el derecho a declarar en catalán en un juicio, no establece en ningún supuesto que los magistrados y el resto de funcionarios judiciales deban conocer el catalán, solo es un mérito y no un requisito para ejercer en Cataluña.
El juez, según la versión de la chica, invitó a declarar a sus dos compañeras, que también quisieron hacerlo en catalán. Por lo que, según relatan, «decidió suspender la sesión en espera de un intérprete» . Plataforma per la Llengua ha avanzado que denunciará los hechos ante el TSJC y anima a las tres jóvenes a que sigan declarando en catalán cuando se retome la sesión.
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