España pagará este año 22 milones de euros por no depurar bien sus aguas residuales
El Gobierno presenta en el Congreso su plan para hacer frente a la multa de la UE y advierte de que están amenazados los fondos europeos
El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que España pagará este año unos 22 millones de euros para hacer frente a la multa que le impuso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no depurar correctamente las aguas residuales. Un problema que afectaba a 17 zonas, todas ellas poblaciones de más de 15.000 habitantes .
El responsable ministerial ofreció estos datos en la comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, en la que explicó las medidas del Gobierno para cumplir la sentencia del tribunal europea.
Esa sentencia condena a España a una multa a tanto alzado de 12 millones de euros por incumplir la directiva comunitaria de saneamiento de aguas. A ello hay que sumar una sanción coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre de retraso en atender las obligaciones. La penalización permanecerá vigente hasta que todas las zonas se pongan al día.
A juicio de Morán, el pago de este dinero afecta a «la credibilidad de España» y «resta recursos» que podrían destinarse a la calidad de la mejora de las aguas.
Acumular retraso
El secretario de Estado de Medio Ambiente adelantó que los incumplimientos ya se están solucionando en Estepona -San Pedro de Alcántara (Málaga), noreste de Valle de Guerra (Tenerife), Benicarló y Peñíscola (Castellón), Teulada-Moraira (Alicante), Aguiño-Carreira-Ribeira y Santiago de Compostela (A Coruña), y Vigo (Pontevedra).
Igualmente, en otras zonas «se está trabajando para revertir» la situación. Cuatro de ellas están declaradas de interés general y el Estado trabaja en ellas: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) y Gijón Este (Asturias). Y las cinco restantes son autonómicas: Alhaurín el Grande y Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz) y Valle de Güímar (Tenerife).
Morán señaló que en 2019 está previsto que concluyan cinco estaciones depuradoras (Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón Este). En 2020 está previsto que terminen las de Matalascañas y Valle de Guadalmar y la de Barbate podría entrar en funcionamiento en 2022, con lo que es la que acumulará más retraso y hasta entonces España tendrá que pagar.
Para intentar evitar que se reproduzca esta situación, el Gobierno va a poner en marcha el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización. El presupuesto que se destinará a este proyecto será de 10.000 millones de euros en los próximos 18 años, para ejecutar 3.500 actuaciones.
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